El proyecto de Ley de Alquileres presentado por el senador del bloque del Frente de Todos Francisco «Paco» Durañona fue aprobado ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta y ya puede ser tratado en el recinto en las próximas sesiones.
La iniciativa, impulsada por la bancada oficialista junto a asociaciones de inquilinos, promueve que el cobro del 4% de honorarios y los gastos administrativos sean asumidos por los propietarios.
En concreto, se busca modificar la Ley de los Martilleros y Corredores Públicos para que en los alquileres de viviendas con destino urbano y rural se cobre en concepto de honorarios «hasta un 4% a cargo del locador/a, sobre el monto total del primer año de contrato».
En la propuesta, se prohíbe «expresamente en las locaciones de inmuebles en los que el/la locatario/a sea una persona física, requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios/as, sublocatarios/as y/o continuadores de la locación».
La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de esas viviendas y se determina que «en caso de no existir contrato por escrito, no podrá cobrar honorarios a ninguna de las partes».
En paralelo, se determina que «en alquileres por temporada podrá cobrarse hasta el 2% del monto total del contrato a cargo exclusivamente del locador/a».
Con la iniciativa parlamentaria, además se busca que la solicitud de informes de dominio, que se realiza en el Registro de la Propiedad, sea sin costo para los inquilinos y se pretende que los costos de las certificaciones de firmas, averiguación de informes de garantía también sean afrontados por los propietarios.
El proyecto a la vez establece que el Estado deberá ser quien garantice que las inmobiliarias y martilleros públicos publiquen en los locales y páginas web, sus honorarios y las alícuotas que se cobran en los alquileres con el objetivo de que el inquilino tenga la información de manera más transparente y accesible.
Durañona expuso que con la propuesta se busca «acercar una solución al problema habitacional en la provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan las mayores cargas».
Para los que tenemos nuestra mirada puesta en el interior, sabemos que muchos de los jóvenes que se desarraigan de sus pueblos dependen enormemente de este tipo de alquileres”, indicó.
En ese marco, resaltó que «no sólo se basa en el cumplimiento de un derecho básico, sino que se amplía desde el arraigo, para que todas y todos tengan oportunidades de desarrollo y bienestar en donde decidan vivir”.
“Hay que quitarle presión a los inquilinos de gastos que no corresponde que hagan ellos. La importancia de generar y garantizar las condiciones necesarias para quienes viven en distintos territorios, sea en grandes ciudades o pequeñas localidades, tengan acceso a los mismos derechos por igual”, destacó el legislador y pidió «el acompañamiento del bloque opositor».
Si bien reconoció que «con esta medida no es suficiente», puso de relieve que significa «un gran paso» y graficó que en la Ciudad de Buenos Aires «los costos son asumidos por los propietarios y son muchas las organizaciones que observan el agregado de esto al alquiler real. Sin embargo, prefieren eso ya que el valor se licúa a lo largo de las distintas cuotas”.
En tanto, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz afirmó que “es un proyecto fundamental que va directo al problema más urgente que es: los enormes gastos que tenemos los inquilinos bonaerenses al ingreso de un alquiler, cifras altísimas para pagar un trabajo que hacen las inmobiliarias para los propietarios. Esto ya se aprobó en Capital Federal, La Pampa, Rio Negro y es para nosotros urgente que se convierta en ley”.
