La Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy el proyecto que prorroga por un año las emergencias en infraestructura, así como la administrativa y tecnológica, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y que habían sido pedidas por la gobernadora María Eugenia Vidal.
La iniciativa, que será tratada en la próxima sesión del Senado, contó con el apoyo de la bancada oficialista, el Frente Renovador y el PJ Unidad y Renovación, lo que le permitió a Cambiemos tener los dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas, debido a que contaba con la oposición del bloque de Unidad Ciudadana.
En los fundamentos del pedido para extender las emergencias sancionadas en 2016, y prorrogadas mediante un decreto del Ejecutivo el año pasado, Vidal sostuvo que “pese al arduo esfuerzo realizado desde las distintas áreas del gobierno provincial, persisten en la actualidad las causales que motivaron tales declaraciones, que fueran originadas como consecuencia de los años de desinversión, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz”.
“En el convencimiento de que con esfuerzo, trabajo y dedicación se podrá avizorar un futuro mejor para la provincia y sus habitantes, se tornan necesarias las herramientas para seguir corrigiendo las falencias que llevaron al Estado a distanciarse de las necesidades de su población”, señaló en el texto de la norma.
Las emergencias le permiten al Poder Ejecutivo utilizar mecanismos de excepción para los procesos de licitación y contratación de obras y bienes con el objetivo de agilizar esos procedimientos.
Autoriza a ministerios y secretarias a ejecutar obras y contratar provisión de bienes y servicios bajo los mecanismos de excepción de algunos organismos de control.
Establece que, previo a la adjudicación de los contratos, los ministerios deberán dar intervención a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno los que tendrán un plazo de siete días para expedirse y si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones.
También faculta a los ministerios, secretarías y entes autárquicos a rescindir, renegociar, aumentar o disminuir hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actuales, entre otros puntos.
Los mecanismos de excepción de los organismos de control fue uno de los puntos que cuestionaron hoy los diputados de Unidad Ciudadana para quienes “el gobierno que pregona la transparencia pide mecanismos para que no los controlen”, según dijo en el recinto el diputado Walter Abarca.
Sin embargo, la respuesta llegó desde el lado de Cambiemos, por parte del diputado César Torres, quien detalló la situación grave en la que se encontró la provincia en el 2015 y detalló que en el 2016 “se ejecutaron 10.513 millones en obras para los municipios”.
Torres graficó que durante la emergencia en Obras Públicas “se pavimentaron y repavimentaron 1800 kilómetros de rutas, hay 46 obras hidráulicas iniciadas y algunas finalizadas y 1282 obras para dar agua y cloacas para 4.700.000 vecinos de la provincia”.
“Trabajamos para que las cosas sucedan y las obras se hicieron. La obra pública es un eje de la gestión de la gobernadora”, sostuvo.
En tanto, el diputado del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio aseguró que la emergencia en infraestructura “se utiliza discrecionalmente para disciplinar a los municipios” y realizó una moción para interpelar al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, aunque no prosperó por una cuestión reglamentaria.