Sindicatos, cámaras empresarias, partidos políticos y agrupaciones municipales de la provincia de Buenos Aires deberán pagar el impuesto Inmobiliario, el de Sellos y las patentes automotores de los vehículos que figuran inscriptos como de su propiedad, tan pronto como la Legislatura apruebe el proyecto impositivo elevado hoy, anticiparon el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
La iniciativa apunta a reinstalar también los impuestos a los Sellos para esas entidades, e Ingresos Brutos para mutuales que operan en actividades financieras y de seguros, así como para cooperativas con ventas al por menor para clientes no asociados, dijeron los funcionarios en un encuentro con periodistas.
Salvai y Lacunza anticiparon que otro proyecto que se enviará en las próximas semanas apunta a modificar la Ley de Ministerios, para seguir con el programa de reducción del gasto público que comenzó en 2015.
«No se va a eliminar ninguna cartera ni a reducir la planta de personal, pero el gasto político se reducirá en unos 3.000 millones de pesos», calcularon Salvai y Lacunza.
Hoy existen 277 directores provinciales y se trabaja con dos hipótesis, una de mínima, que recortaría 18 cargos (un 6 por ciento del total), y otra de máxima, que elevaría la poda a 89 (un 32 por ciento).
Del mismo modo, se alienta una reforma en el sistema previsional, a fin de eliminar las «jubilaciones de privilegio» para ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex legisladores, que hoy gozan del beneficio sin que hayan cumplido con la edad legal ni los años de aporte obligatorio.
Por otra parte, se alienta una iniciativa para reducir los gastos propios de la Legislatura, establecidos por ley en 1,5 por ciento del Presupuesto provincial.
«Originalmente se tomaban como referencia para aplicar ese porcentaje sólo los gastos de la administración central, pero luego la suma se engrosó al añadirse las partidas correspondientes a los organismos descentralizados», explicó Salvai.
Las tratativas entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial comenzaron meses atrás, y el objetivo es reducir los fondos al 1,2 por ciento, con lo cual se lograría un ahorro de 2.500 millones de pesos.