Cambiemos busca avanzar en una ley sobre conflictos de intereses que ayude a la transparencia

El oficialismo impulsará en las próximas semanas, en la Cámara de Diputados, el tratamiento de proyectos de ley de transparencia con el fin de evitar los conflictos de intereses que puedan aparecer en los tres poderes del Estado, dado que los decretos que fue diseñando la Oficina Anticorrupción sólo competen al Poder Ejecutivo.
La intención del interbloque Cambiemos es arrancar las próximas semanas, a nivel de comisión, el análisis del proyecto del jefe de esa bancada, Mario Negri, y de su colega Karina Banfi; más otras iniciativas impulsadas por la oposición para establecer los criterios que se aplicarán cuando choquen los intereses privados y del Estado.
De todos modos, el oficialismo aguardará los decretos que redacta la Oficina Anticorrupción (se podrían conocer este lunes), para complementarlos con una iniciativa más amplia, que abarque a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, informaron fuentes parlamentarias.
La necesidad de reformar artículos de la ley de Ética Pública quedó planteada cuando se desató la controversia por el preacuerdo del Correo Argentino (del grupo Macri) y el Estado argentino por una deuda impaga desde que se le quitó la concesión en 2003, y el otorgamiento de rutas -ahora suspendido- a la empresa Avianca.
Banfi señaló que «la ley busca una solución de fondo a los conflictos de intereses que puedan aparecer en los tres poderes del Estado, mientras que los decretos solo contemplarán los casos de conflictos de intereses referido a contrataciones y juicios contra el Estado».
Consultada sobre si analizaban este tema con el Gobierno nacional, la diputada radical y especialista en temas de transparencia señaló que «estamos en permanente diálogo (con la Oficina Anticorrupción) y trabajamos en conjunto».
En ese sentido, Banfi señaló que «ahora se trabaja de manera diferente y se buscan consensos, distinto a lo que ocurría en el kirchnerismo, cuando el Congreso Nacional era solo un apéndice del Ejecutivo».
El proyecto presentado por Negri y Banfi reforma la ley de Ética Pública, y establece un mecanismo de prevención para evitar los conflictos de intereses, como los ocurridos en el caso del Correo, y en el de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, donde también se mezclaron intereses públicos y privados.
La iniciativa busca evitar los conflictos de intereses y se analizará entonces hasta el cuarto grado de consanguinidad del funcionario, legislador o juez involucrado.
Estas oficinas estarán integradas por personas idóneas, seleccionadas a través de concurso público de antecedentes; deberán recibir consultas, controlar y publicar las declaraciones juradas, formular denuncias penales, crear registros de regalos (hoy sólo lo tiene el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción) y de consultas.
Ante un requerimiento o recomendación, la autoridad de aplicación tendrá 15 días hábiles (prorrogables por otros 15) para relevar información, analizar el caso de posible conflicto de interés y hacer una recomendación, que será pública.
Se considerará conflicto de interés en el ejercicio de la función pública a toda situación en la que choquen o puedan chocar el deber público y los intereses privados de un funcionario.