Carlos Campolongo, vocero de la intervención del PJ que lidera Luis Barrionuevo, denunció hoy que «se pagaban sueldos en negro» a empleados en el partido, y que en la sede de la calle Matheu «faltan libros y actas» y existe «una serie de irregularidades que deben ser investigadas».
«La jueza (por María Romilda Servini) autorizó la firma de un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para realizar un equivalente a un corte de gestión, porque hay muchas cosas que no aparecen en el local de Matheu, libros, actas», dijo sobre una auditoría que se realizará en el partido.
Además, en declaraciones a Télam, consignó que, en el marco de la intervención, «se ha comprobado que se pagaban sueldos en negro, sin recibo, una serie de irregularidades administrativas que deben ser investigadas».
El periodista agregó que buscarán, «antes del Mundial, organizar eventos de juventud y de profesionales y técnicos del PJ» para que el partido pueda «pasar de mera oposición a alternativa esperanzadora».
La conducción desplazada del PJ, con José Luis Gioja a la cabeza, apeló la decisión de Servini de intervenir el PJ a nivel nacional y colocar al frente a Barrionuevo. Sin embargo, a más de un mes de ese paso, el expediente aún no llegó a la Cámara Nacional Electoral (CNE), que debe definir la suerte del recurso.
«Ha caído el recurso presentado por el ex titular Gioja, porque después de presentar una apelación se tienen cinco días para fundamentar el pedido. No la presentó y cayó. La jueza interviniente admitió la continuidad de la apelación, porque se presentaron dos apoderados en nombre del PJ, pero son dos apoderados designados por un congreso impugnado en 2016. Por lo tanto, hay cuestionamientos sobre la personería que tienen para interpelar», resumió Campolongo sobre la demora en el trámite judicial.
El triunviro de la CGT Carlos Acuña, uno de los afiliados peronistas que presentaron el pedido de intervención que concedió Servini, cuestionó la legitimidad de los abogados Eduardo López Wesselhoefft y Patricia García Blanco para actuar como representantes de la ex conducción del PJ. No obstante, Servini consideró que los letrados se encuentran habilitados.