A sign of the Odebrecht SA construction conglomerate is pictured in Rio de Janeiro, Brazil, February 26, 2016. REUTERS/Ricardo Moraes

El gobierno de Brasil afirmó hoy que desconoce el acuerdo de cooperación que la procuradora general de Nación de Argentina, Alejandro Gils Carbó, y su par brasileño firmaron para intercambiar información sobre el escándalo de corrupción Lava Jato que involucra a los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia brasileño salió al cruce de un comunicado conjunto de Gils Carbó y el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, en el que acusan a los poderes ejecutivos de «obstruir» los procedimientos de cooperación sobre el caso Odebrecht firmados entre los ministerios públicos el 22 de junio en base a la Convención de la ONU contra la corrupción.
«Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un ‘Estado Parte’ en el ámbito del derecho internacional. Ausente este ‘acuerdo o tratado bilateral’ entre Estados Parte, el acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño», afirma el comunicado del gobierno de Michel Temer.
Agrega que pese «al aprecio y reconocida dedicación de las fiscalías de Argentina y de Brasil, el acto entre ellos firmado no vincula al Estado brasileño».
Según el Ministerio de Justicia de Brasil, «se aguarda una respuesta a una consulta formal hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina».
Es que cualquier mecanismo de cooperación bilateral debe contar con el paso formal de la Cancillería -en el caso argentino- y del Ministerio de Justicia -en el caso brasileño-.
El gobierno de Brasil puso como condición un acuerdo para entregar informaciones bajo secreto de las delaciones de Odebrecht, pero el principal conflicto en el avance de la causa es que los brasileños deben respetar el acuerdo hecho por los ejecutivos de la empresa, de obtener beneficios penales a cambio de la información brindada.
Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht dijo que pagó sobornos en Argentina por 35 millones de dólares, aunque el detalle de esta información y sus involucrados no fue otorgado en forma oficial y pública por ninguna autoridad.
Gils Carbó y Janot firmaron un comunicado conjunto ayer pidiendo a sus respectivos gobiernos «resolver de manera urgente los obstáculos impuestos» frente al acuerdo de cooperación entre las fiscalías.
«Alertamos que las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional de ambos países presentaron obstáculos y solicitaciones que son injerencias indebidas en los acuerdos de investigación del caso Odebrecht que los Ministerios Públicos de ambos países firmaron», dice el comunicado.
La nota indica que tanto el gobierno de Brasilia como el de Buenos Aires intentan convertir el acuerdo de cooperación en «tratado internacional negociado por los Poderes Ejecutivos», algo que, sostiene, «desvirtúa la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales responsables por la investigación».
El heredero de la constructora más grande de América Latina, Marcelo Bahia Odebrecht, está condenado a 19 años de cárcel por corromper funcionarios y partidos políticos en el caso de la investigación de desvíos en la petrolera Petrobras.
La delación premiada de 77 ejecutivos de la empresa fue realizada en el marco de acuerdos de ‘compliance’ en Brasil, Suiza y Estados Unidos para poder seguir operando y también para reducir la condena de Marcelo Odebrecht.
En este marco, si las delaciones son confirmadas con pruebas, Odebrecht puede salir de la prisión en diciembre próximo a un régimen de prisión domiciliaria.