El Organismo de Control del Agua de la provincia de Buenos Aires convocó a los usuarios del servicio que presta el concesionario «Aguas Bonaerenses S.A.» (ABSA) y a representantes de esta empresa, a participar de una audiencia pública el 2 de febrero próximo para debatir una suba de tarifas.
Mediante una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense, se convocó a una audiencia a partir de las 10 en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados, en la calle 13, N° 821 de La Plata.
ABSA brinda servicios a dos millones de usuarios, y en la audiencia la empresa deberá exponer los fundamentos técnicos, financieros, económicos y jurídicos de su solicitud de modificación de régimen tarifario.
En la resolución se invita a participar al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y además se aprobó el reglamento para la celebración y desarrollo de la audiencia así como el formulario de inscripción a la misma.
El encuentro será presidido por el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, aunque puede delegar tal función en la subsecretaria de Administración del Ministerio de Infraestructura, María Victoria Rodríguez Quintana, o en quien sea designado a tal efecto.
En los fundamentos de la resolución se recuerda que el concesionario ABSA «ha solicitado al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires una modificación del régimen tarifario».
«Al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad regulatoria, le corresponde llevar adelante el procedimiento de revisión tarifaria, otorgando o no, la solicitud efectuada por el citado concesionario», añade la resolución, y establece que al organismo de control le «corresponde convocar a una audiencia pública».
Luego, se especifica que la audiencia «se convoca a efectos que el concesionario ABSA informe las causas que motivaron el pedido de modificación del régimen tarifario» y que «las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la audiencia pública tendrán carácter consultivo y no vinculante».
