El gobierno bonaerense demandará a los padres de los menores que realicen amenazas de bomba a los colegios

El gobierno bonaerense decidió hoy promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre en este tipo de intimidaciones, que sumaron 2.400 en poco más de un mes.
“Las amenazas de bomba no se pueden prevenir, pero cada vez que sucede estamos ahí, en las escuelas, para preservar la vida de los chicos y los docentes”, sostuvieron hoy fuentes oficiales en diálogo con Télam, tras anunciar la decisión del gobierno que encabeza María Eugenia Vidal de llevar a la Justicia a los tutores de quienes realicen las intimidaciones.
La medida fue tomada por el aumento de amenazas en los colegios bonaerenses que treparon a 2.400 en el lapso que transcurrió desde el 1 de septiembre al último 4 de octubre, según las fuentes.
Ayer, el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela «no es una broma, es un delito» y aclaró que se trata de «un acto de intimidación pública penado por la ley».
«Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona», explicó el funcionario.
«Cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia», dijo Ritondo, quien señaló que «como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas» y advirtió que «con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados».
Desde el gobierno remarcaron hoy que si bien la amenaza “es un delito excarcelable, se decidió promover una demanda de daños y perjuicios contra los padres de aquellos menores que sean identificados como autores de estos hechos”, y subrayaron que ya se realizaron operativos conjuntos entre la Justicia y el ministerio de Seguridad, allanamientos y detenciones».
«Los costos que generan los operativos deberán ser cubiertos por las demandas”, insistieron al explicar la decisión oficial que busca frenar la escalada de intimidaciones.
La problemática tomó interés público ante el crecimiento de las amenazas de bomba que se vienen reportando en el último mes, y tres fiscales de Morón comenzaron una investigación para determinar si hay una organización detrás, puntualmente en las escuelas del Oeste del conurbano, que derivaron en centenares de causas.
Desde la comunidad educativa también manifestaron su preocupación por las intimidaciones y la pérdida de clases y como respuesta la Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un protocolo de actuación y se envío el lunes pasado un material pedagógico para «concientizar a los chicos y a las familias»,
«Es una gran preocupación, más allá del temor de cada denuncia son días de clases que se pierden, esto no es normal, nos llama la atención», explicó el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, quien agregó que si bien «sospechan que es cosa de chicos, no podemos arriesgar la integridad de los alumnos».
Desde las comunidades educativas de Morón, La Matanza, Ituzaingó y Merlo, entre otros partidos, se viene denunciando hace semanas que se producen varias amenazas por día en escuelas y muchas veces en varios establecimientos en simultáneo.
«Empezamos a tener amenazas de bomba sistemáticas desde la semana pasada, hay escuelas que no tienen clase desde hace varios días», aseguró el presidente del Consejo Escolar matancero, Alejandro Schvartzman, y alertó que «hay una situación muy rara, no pasaba en años anteriores, cuando era algo muy esporádico».
En la misma línea se expresó la secretaria del Consejo de Morón, Ana María Ruiz, que opinó que «es un caos» la situación y comentó que «hay muchas escuelas que tienen a los chicos en la calle, las brigadas de explosivos no dan a basto porque llaman a 20 escuelas a la vez hace 10 días».
Alejandro Segura, presidente del Consejo Escolar de Ituzaingó, aseguró que «es el primer año que pasa esto» y expresó su «preocupación por los chicos porque no hay tantos espacios verdes para ir cuando evacuamos».