Cristina denunció que fue llevada de «los pelos» ante la justicia» y su abogado pidió la absolución

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hoy que la causa Vialidad fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la justicia, sostuvo que en las acusaciones en su contra «se violó la Constitución Nacional» porque fueron asentadas sobre «decretos aprobados por el Parlamento» y consideró la actuación de los fiscales y los jueces en ese juicio constituye «un claro caso de prevaricato».
La exmandataria hizo ejercicio de su propia defensa ante el tribunal que lleva el juicio, tras lo cual el abogado Carlos Beraldi pidió la absolución de su representada y sostuvo que «Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa», por lo que no existen elementos para atribuirle una malversaciones de fondos públicos.
«Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio», expresó la Vicepresidenta desde su despacho en el Senado de la Nación, al exponer vía Zoom en el marco del alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
Durante poco más de hora y media, la Vicepresidenta analizó los motivos por los cuales sostiene los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola violaron la Constitución Nacional con las pruebas que tomaron en cuenta para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos, y anticipó que reclamará la extracción de testimonios de todas sus contradicciones en relación a la prueba por constituir «un claro a caso de prevaricato».
Ante ello, pidió a los jueces que «se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, confrontados dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación»
«La acusación de los fiscales viola la Constitución» porque «un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita», remarcó la Vicepresidenta en su exposición, en la que puso el foco en «las arbitrariedades» cometidas en su contra en el marco de este proceso.
«A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo», enfatizó la exmandataria.
Esto «realmente es un disparate, esto complica a un país; lo torna poco serio; lo pone casi al borde del ridículo», cuestionó poco después de anticipar que podrá al alcance de los argentinos y «del mundo» a través de su plataforma lo ocurrido en el marco de este debate.
La acusación «no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal», continuó Cristina Fernández de Kirchner.
«El derecho penal de autor en la Argentina tiene nombre y apellido: se llama Cristina Fernández de Kirchner», dijo antes de dar tres ejemplos de «las mentiras» de los fiscales Luciani y Mola y de concluir que se está ante un «claro caso de prevaricato».
«No solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal», enfatizó la Vicepresidenta.
En caso de prosperar esa acusación fiscal en un veredicto de los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu se «llegaría al ridículo de que el fiscal no lo sería porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó.
Además, recordó que se trata de «tres Gobiernos elegidos por el pueblo» los que definieron las políticas puestas en tela de juicio en este debate.
«No podemos ser una asociación ilícita; se discuten decretos de necesidad y urgencia aprobados por el Parlamento. Esto es lo que estamos discutiendo acá. Por eso digo que este juicio no tiene andamiaje constitucional», planteó.
«Es un disparate lo que estamos discutiendo aquí», dijo la Vicepresidenta, quien exhibió un ejemplar suyo de la Constitución Nacional y otras normas para detallar cómo la fiscalía violó su artículo 1 de la Carta Magna, que «adopta como sistema de Gobierno el sistema representativo, republicano y federal»
«La gente elige los Gobiernos, los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor Kirchner y los que me tocó encabezar a mí fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser una asociación ilícita», insistió la exmandaria.
En ese sentido, luego se preguntó: «Si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? Nadie puede estar medio embarazado», sostuvo, con ironía.
Por eso, evaluó que, si la acusación llegase a prosperar, «quiere decir que si todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por ser los frutos del árbol envenenado».
«Llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podrá estar en esta causa porque no es fiscal, porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita», ironizó Cristina Fernández de Kirchner y preguntó a los jueces: «¿Se dan cuenta adónde vamos? Al desastre, al desastre que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina en el ámbito judicial».
La fiscalía «se arroga la supremacía sobre los otros dos poderes (del Estado). No, no no», rechazó la Vicepresidenta dirigiéndose a los magistrados. «Va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en ese juicio», dijo.
Además, en otro de los puntos de sus cuestionamientos, la Vicepresidenta señaló que los representantes del Ministerio Público Fiscal analizaron los mensajes del también procesado ex secretario de Obras Públicas José López y encontraron «cuatro» entre 26.000 que usaron para acusarla.
Sin embargo, resaltó, «se pasó por alto más de 400 llamadas del señor (Nicolás) Caputo, hermano de la vida del ex presidente (Mauricio) Macri», recordó.
«Se le pasó en el caso del señor Caputo» y recordó que era también asiduo asistente a la quinta de Macri, Los Abrojos, al igual «que un señor juez integrante de este Tribunal y un fiscal que juegan al fútbol».
La expresidenta había prestado declaración indagatoria en el juicio el 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial, previo a la pandemia de coronavirus.
Después de más de tres años de juicio, la exmandataria intentó el 22 de agosto pasado ampliarla, pero los jueces se lo negaron y, por eso, ahora decidió, en su condición de abogada, hacer uso de su derecho a la propia defensa en el alegato final en la causa.
Después del alegato, el abogado Carlos Beraldi reclamó la absolución de la Vicepresidenta en el marco de la causa en la que se la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, mientras se desempeñó como mandataria durante dos períodos.
Con esa requisitoria formal, Beraldi cerró el alegato de la defensa de la expresidenta, que duró tres audiencias, y se ocupó de responder las afirmaciones de los fiscales Luciani y Mola en relación a que el ‘lawfare’ (guerra jurídica) «no existe» y que se trata solo de una estrategia de «marketing» a la que recurren aquellos acusados «cuando no pueden revertir los hechos» planteados en un juicio.
Beraldi les respondió con una definición del Papa Francisco -que también había sido invocada por la fiscalía- en la que señaló que «el uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, el ‘lawfare’, pone en riesgo las democracias de los países y es utilizado para minar los procesos políticos emergentes».
Antes, y tras haber rebatido con documentos y testimonios las afirmaciones de la fiscalía, Beraldi había aseverado que «Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa», por lo que sostuvo que no existen elementos para atribuirle una malversaciones de fondos públicos.