Defensoría del Pueblo bonaerense vuelve a pedir ser parte en la causa Farmacity

El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, volverá a pedir hoy mediante un escrito ante la Corte Suprema ser parte en la causa en la que Farmacity solicitó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Farmacias.
En declaraciones formuladas a Télam, el Defensor explicó que ese organismo presentará una solicitud al máximo tribunal para que resuelva un pedido ya formulado en noviembre para actuar como «amicus curiae» considerando «el interés» que el tema tiene para los habitantes del pueblo de la provincia.
«Pediremos ser parte en la causa para esgrimir argumentos en contra de lo que la cadena planteó para requerir la inconstitucionalidad de la norma 10.606», dijo Lorenzino a esta agencia y consideró que «la empresa Farmacity debe cumplir con la Ley provincial de Farmacias, nosotros estamos en contra del mercado monopólico que ellos plantean».
Sostuvo que «estamos preocupados por el dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de que la empresa Farmacity opere en la Provincia. Esta decisión lo único que hace es beneficiar a un grupo económico violentando una ley que estaba vigente y no había generado inconvenientes», expresó y afirmó que «esperamos que la Corte tenga la sabiduría y honestidad de fallar a favor de la gente».
Ayer el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen a favor de que las sociedades anónimas puedan ser propietarias de farmacias en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del reclamo que lleva adelante la cadena.
En esa línea, en declaraciones radiales la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Isabel Reinoso, dijo hoy que «si llega Farmacity a la provincia de Buenos Aires, van a fundir infinidad de farmacias, porque represeta una competencia desleal».
«Pretenden romper el modelo sanitarista con el que funcionan las farmacias, e imponer el modelo mercantilista», analizó y apuntó que «la posición del Colegio es defender junto con la fiscalía de la provincia el ataque de esta empresa».
Sostuvo que «se quiere avasallar a la Justicia bonaerense y a la Legislatura».
En el pronunciamiento se considera inconstitucional el artículo 14 de la Ley 10.606 que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de Sociedades Colectivas ó Sociedades de Responsabilidad Limitada; de Sociedades en Comandita Simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.
La demanda de Farmacity para que le permitan operar en Buenos Aires comenzó en 2012, cuando el presidente de la compañía era Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación.
Quintana mantiene en su poder el 3% de las acciones de la compañía y tiene en mente vender su participación antes de que finalice el corriente año, para evitar un eventual conflicto de intereses».
«Fui fundador de Farmacity y presidente de ese directorio durante mucho tiempo; estoy en proceso de venta de mi participación de todo negocio que tenía antes, ya salí de casi todos, y espero antes de fin de año haber salido de Farmacity», dijo Quintana la semana pasada al canal LN+.
De esta forma, la resolución quedó inicialmente en manos de tres de los jueces de la Corte Suprema- Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda- debido a que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti anticiparon que se iban a excusar de opinar en la causa por supuestos vínculos en el pasado con la empresa.
En el caso de Rosenkrantz se debe a que en su momento Farmacity contrató al estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, donde se desempeñaba el actual ministro de la Corte.
Rosatti, por su parte, se excusó el 23 de noviembre pasado sin brindar motivos sobre la decisión. Versiones de prensa dan cuenta que el actual integrante de la Corte buscó de esta forma dejar de lado cualquier tipo de objeción que pueda surgir respecto a un futuro fallo, ya que en el pasado trabajó en el Ministerio de Justicia y en la Procuración del Tesoro con Andrea Gualde, directora del área jurídica de Farmacity.