Descuentos, conciliación obligatoria y paritaria nacional, las disputas judiciales del conflicto docente

El conflicto entre los gremios docentes y los gobiernos nacional y provincial no estuvo exento de presentaciones judiciales de distinto tipo: desde disputas por los descuentos por días no trabajados en el marco de huelgas, hasta conciliaciones obligatorias y solicitudes para que se convoque a paritarias nacionales.
Apenas comenzaron las negociaciones, el 22 de febrero, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo autorizó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a descontar los días de paro a los docentes, al revocar una resolución del juez platense Luis Arias que prohibía implementar esa medida.
Nueve días después, la administración de María Eugenia Vidal dictó una conciliación obligatoria y los gremios la rechazaron.
Tres días más tarde, el 6 de marzo, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense que se abstuviera de ejercer cualquier hecho o acto que implicara la supresión del derecho de huelga de los docentes bonaerenses y dejó sin vigencia los efectos de la conciliación obligatoria dictada por el Poder Ejecutivo, que inmediatamente apeló la medida.
En ese momento, el gobierno anunció además que pediría al ministerio de Trabajo de la Nación que se apliquen multas a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria, ante el paro convocado para ese día y el siguiente, que impidió el inicio de clases en la mayor parte del país.
El 11 de marzo los gremios docentes no asistieron a la reunión de conciliación obligatoria convocada por el Gobierno por considerarla «inconstitucional». Ese día, además, el juez platense Luis Arias criticó la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata que había avalado la conciliación obligatoria entre el Estado bonaerense y los sindicatos.
Días más tarde, Vidal pidió al ministerio de Trabajo de la Nación que evalúe la posibilidad de quitar la personería gremial a los sindicatos docentes de la provincia que desoyeron la conciliación obligatoria.
El 24 de marzo la Justicia platense intimó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense a “abstenerse de aplicar descuentos en los salarios de los docentes que se sumaron a los paros realizados en la provincia de Buenos Aires”, como así también a “abonar un premio a aquellos maestros que, durante las medidas de fuerza, hayan concurrido a las aulas”.
Un mes después, un fallo de la Justicia exhortó a los sindicatos docentes a no adoptar medidas de fuerza por 30 días y ordenó al Poder Ejecutivo bonaerense devolver los descuentos que les hizo a los maestros por los días de paro. Al día siguiente, el gobierno bonaerense apeló el fallo.
El 17 de mayo la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió el fallo, por lo que el Gobierno quedó autorizado a realizar los descuentos a los docentes que adhirieron a las huelgas y
En paralelo, el 6 de abril la jueza de Trabajo, Dora Temis, aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y ordenó al ministerio de Trabajo de la Nación que convoque a la paritaria nacional docente; sin embargo, después de el Ejecutivo apelara la medida la Cámara de Trabajo revocó la decisión y falló a favor del Gobierno.