Argentinian Nobel Peace Prize laureate Adolfo Perez Esquivel gives a press conference after a meeting with Pope Francis on March 21, 2013 near the Vatican in Rome. Pope Francis was "not complicit" with Argentina's brutal military dictatorship and maintained a "diplomatic silence," Perez Esquivel said after meeting with Latin America's first pontiff. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO

El Consejo Federal de mecanismos locales para la prevención de la tortura designó anoche por unanimidad a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como mecanismo local para controlar y monitorear esas prácticas en la provincia de Buenos Aires.
En un comunicado, se precisó que la propuesta de designación había sido realizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y se destacó que tiene que ver con un «reconocimiento al trabajo sostenido que la CPM realiza desde 2002 con absoluta independencia y autonomía del gobierno».
En ese sentido, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que «este es un paso más para consolidar la tarea de lucha contra la tortura en las cárceles denunciando las graves violaciones de derechos humanos, sin importar el gobierno de turno».
En tanto, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea fundadora e integrante de la CPM, analizó que el reconocimiento «no hace más que fortalecer nuestro trabajo y el compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos».
«Es una oportunidad más para seguir exigiendo una respuesta del Estado, porque no puede existir la tortura en Argentina ni en ningún país. La tortura es un acto inhumano y nosotros tenemos el desafío de humanizar la humanidad», remarcó.
Luego, la integrante de la CPM Dora Barrancos expuso que «el reconocimiento a la Comisión -debe destacarse- fue un gran acto de justicia, y un paso necesario en la labor que, con tanto empeño y compromiso, venimos realizando».
«La Comisión posee una tradición invalorable en esta materia y, en los nuevos cauces que tome la futura gestión de gobierno, será imprescindible dotar a estos mecanismos de mayor capacidad para la prevención», dijo.
En 2003 el Estado argentino adhirió al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y en 2012 se creó por ley el Sistema nacional de prevención de la tortura; sin embargo, la designación legal de la CPM como mecanismo de la provincia de Buenos Aires nunca se realizó hasta ahora.