Como dos esgrimistas que se enfrentaron varias veces, y que tras los duelos se llaman a un necesario sosiego, el Gobierno y la CGT apostaron al diálogo y llegaron a un consenso sobre un paquete de temas que ninguna de las partes sabe bien si llegará a buen puerto, pero que en teoría los beneficiaría por igual si los proyectos cristalizan.
El sindicalismo consiguió atenuar así aquellos cambios que supuestamente amenazaban su actual existencia: logró el apoyo oficial a la «defensa del modelo sindical», le arrancó al Gobierno la promesa que en la Argentina no se aplicará una reforma laboral a la brasileña (con normas de trabajo ultraflexibilizadoras), y se aseguró además la participación de la CGT para regularizar la situación de los gremios actualmente intervenidos.
El Gobierno, en tanto, logró el objetivo de desactivar el supuesto llamado a una nueva huelga de la CGT (la única se concretó el 6 de abril); en tanto, las movilizaciones sindicales de este año, aunque masivas, no dieron los resultados que esperaban sus organizadores, quienes sólo cosecharon una mayor división sindical.
También el presidente Mauricio Macri parece convencido de que, a la larga, le sirve más aplicar una reforma laboral por sectores, y alentar las negociaciones por productividad con los gremios de cada una de sus actividades –petrolero, automotriz, construcción, lechero, textil, como se empiezan a delinear-, a imponer un cambio generalizado que espante a trabajadores y sindicalistas. Otros gobiernos también lo intentaron y no lo lograron. Solo hallaron resistencia y una solidaridad corporativa entre dirigentes sindicales que no se podían ver.
Junto con ello, otras modificaciones que pretendía Macri se sumaron a la mesa de debate. De este modo, hay consenso para el blanqueo laboral, que otorgará un perdón a los empresarios que no hicieron los aportes que corresponden a los trabajadores. El Gobierno prometió formación y capacitación para los trabajadores, y dijo que se establecerán pasantías –que ahora se llamarán «practicas formativas»- que dicen se incorporarán, a diferencia del criticado modelo de los ’90, como trabajo formal a los convenios colectivos. La CGT piensa en un proyecto de prevención de los riesgos de trabajo, que a juicio del sindicalismo «no está plenamente contemplado» en la actual ley de ART.
Como mano ejecutora de toda esta nueva estrategia está el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El funcionario convenció a los gremialistas, a quienes conoce como pocos por ser hijo de quién fue, de que no habrá una política antiperonista en su gestión. Y en un gesto considerado «histórico» por la CGT, visitó la sede de Azopardo 802 para prometer cambios que beneficien a todos.
Un punto clave del acuerdo será crear por ley la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AGNET), que ya tiene media sanción del Senado, y que es una medida largamente esperada por las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.
Entre otras cuestiones quiere fijar un límite a ciertas prestaciones y medicamentos que, por demandas especiales de los afiliados y sus altos costos, son aceptadas por la Justicia y pueden poner en riesgo la cobertura del resto de la población sanitaria de estas entidades.
El contador Sandro Taricco, nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud e impulsora de la iniciativa, se sentó a la derecha de Triaca, en la CGT. Ocupó distintos cargos gerenciales en Salud, es peronista y tiene diálogo permanente con los sindicatos desde hace varios años. Ahora sería uno de los que articule el acuerdo por las obras sociales.
El camino común de Gobierno y CGT será detener la informalidad laboral. ¿Cuánto durarán estas coincidencias? Las partes involucradas invitarán a la mesa de diálogo a los empresarios. ¿Habrá voluntad de este sector, que se traduzca en aumentar las fuentes de trabajo, para impedir que el diálogo recuperado no vuele por los aires? Como coincidieron principalmente Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Omar Plaini, ante el propio ministro Jorge Triaca en la reunión realizada en la CGT, la voluntad que pongan los empresarios jugará un papel fundamental. También esperan que las políticas del oficialismo no estén signadas por el ajuste.
Los gremialistas padecieron los resultados favorables a Cambiemos en las PASO del 13 de agosto pasado. En el campo interno, esta tregua parece anticipar que el Confederal del 5 de octubre descartará de plano la convocatoria a una nueva huelga nacional.
Allí, la actual alianza entre el moyanismo que encabeza Schmid, los Gordos y los Independientes, recibirá a la Corriente Federal de Trabajadores del bancario Sergio Palazzo (un aliado más combativo que no integra el consejo directivo actual). Pero habrá una especial invitación al MASA (Movimiento de Acción Sindical) de Jorge Omar Viviani (Peones de Taxis) para que se sume activamente a la CGT. Verán a Viviani esta semana para que esto se concrete.
La disyuntiva para ratificar la unidad sindical en la CGT y el fortalecimiento del triunvirato de conducción hasta el fin de su mandato sigue siendo qué actitud tomará el líder camionero Pablo Moyano, secretario Gremial y partidario de convocar a la huelga contra el Gobierno.
Pablo pegó el faltazo al encuentro con Triaca, y no se sabe qué dirá en el Confederal. Abocado casi con exclusividad a su papel en la AFA, su padre Hugo sigue siendo un aliado crítico del Gobierno.
En lo político-electoral, el pragmatismo sindical es inquebrantable y excede los acuerdos con Macri. En cualquier caso, el sindicalismo tiene un sueño no tan secreto: jugar un papel determinante en la anunciada renovación que experimentaría el peronismo-kirchnerismo el lunes siguiente a la elección del 22 de octubre.