El líder de la Uocra de Bahía Blanca, Humberto Monteros, junto a otros dirigentes de ese gremio de la construcción, fueron detenidos esta madrugada por la policía bonaerense durante 19 allanamientos realizados en esa ciudad, en Monte Hermoso y en Coronel Suárez, en el marco de una causa por asociación ilícita en concurso real con más de 30 hechos de extorsión, informaron fuentes judiciales.
Los gremialistas son investigados por asociación ilícita y extorsión a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.
Monteros fue detenido en su vivienda de la localidad balnearia de Monte Hermoso y en su poder tenía valijas con dinero y drogas. También se realizaron otros operativos en Coronel Suárez. Tal es la magnitud del procedimiento, que son coordinados personalmente por el jefe de la Policía bonaerense.
Monteros es considerado el «Pata» Medina de Bahía Blanca. Su secretario adjunto, José Burgos, Fue denunciado públicamente por Vidal en septiembre, cuando la mandataria lo acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires: «No sólo piden una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento en un acto que es claramente corrupto; es una mafia».
Monteros quedó en la mira de los investigadores por la compra de un departamento, cuatro autos de alta gama de distintas marcas y por la ampliación y remodelación de una casa. También fue cuestionado por no poder explicar el origen del dinero para que utilizó para fundar varias empresas, entre ellas una de combis y una rotisería que era prestadora del sindicato. Antes de desembarcar como secretario general de la UOCRA, declaró que vivía en una casilla montada sobre un terreno ocupado.
«El procedimiento ha sido muy exitoso. Es una tarea que hizo el fiscal Zorzano en conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires. La envergadura que tiene esto en términos institucionales queda de manifiesto por la envergadura del procedimiento», aseguró el procurador Julio Conte Grand.