Los bloques de diputados y senadores nacionales del FPV-PJ presentaron un proyecto para la creación de una comisión bicameral especial en el Parlamento que investigue “el armado de causas judiciales, la extorsión y el espionaje ilegal” que, dijeron, “involucra a diversos funcionarios estatales, como ministros, miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, legisladores y periodistas”.
En una conferencia de prensa, el presidente del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, Agustín Rossi, advirtió sobre la existencia de “una organización que fabrica causas para extorsionar a empresarios” y señaló que “el Congreso no puede permanecer sin dar respuestas”, al destacar que la creación de una comisión bicameral permitirá “desentrañar estas operaciones ilegales”.
“Estas gravísimas situaciones destruyen el Estado de derecho y amenazan la democracia. Hay que conocer la verdad”, aseguró Rossi, al señalar que el accionar de estas organizaciones “afectan la institucionalidad y la calidad de la democracia”.
Ayer, y en el marco de la causa que investiga extorsiones a empresarios, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria al fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, en el marco de la causa por la que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.
Al hacer referencia al proyecto impulsado por e FPV-PJ, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau afirmó que “en esa investigación están involucrados muchos organismos estatales, es un actividad que no registra antecedentes” y defendió la “valentía” de Ramos Padilla.
En ese sentido, el senador del FPV-PJ por Neuquén, Marcelo Fuentes consideró que la investigación “excede la cuestión de la inteligencia” y sostuvo que “hay temor de que aparezcan nuevos datos que van comprometiendo cada vez más a los estamentos de la justicia”, al advertir: “O los organismos de inteligencia están pintados o son cómplices”.
Al pedido también se sumó la diputada de Red por Argentina, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), quien dijo que se está «a punto de perder el Estado de derecho” y llamó a “hacer todo lo necesario para que la democracia siga siendo un valor permanente”.
La comisión estará integrada por 8 diputados y 8 senadores, que serán designados por los presidentes de ambas cámaras, respetando la pluralidad de representación, y producirá un informe en un plazo de 180 días.