Los numerosos reportes enviados por Interpol y una ONG norteamericana vinculada a la infancia, sumados a la mayor cantidad de denuncias efectuadas por padres, derivaron en que el 85% de los ciberdelitos que se investigan en la ciudad de Buenos Aires estén vinculados con la pornografía infantil, de acuerdo a datos de las fiscalías especializadas.
De acuerdo a lo que surge de los expedientes, la mayoría de los acusados utilizó para contactar a las víctimas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y aplicaciones como Skype y Whatsapp y tienen como característica principal ser hombres de mediana edad que trabajan con niños.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, aseguró que las investigaciones por grooming (contacto de un adulto con un menor con fines sexuales) se inician a partir de tres fuentes, la principal las alertas enviadas por National Center for Missing Children.
Se trata de una organización no gubernamental estadounidense apoyada por el Congreso de ese país a la que las empresas proveedoras de Internet deben, por ley, notificarle cuando sus clientes suben imágenes de pornografía infantil a la red y que sólo en 2016 envió 4.168 reportes.
A esto se suman los reportes de Interpol cuando detecta esta actividad ilegal desde una IP (Internet Protocol) local y las denuncia de padres que se presentan porque advierten que sus hijos están diferentes o con cierta sintomatología y cuando se ponen a indagar un poco, terminan descubriendo que están teniendo un relación virtual con alguien que busca una actividad sexual.
Dupuy, que comanda la primera fiscalía temática creada en Buenos Aires en 2012 y presentó recientemente su libro «Cibercrimen», explicó que los pedófilos «piden fotos desnudos a los menores de edad, los incentivan a llevar a cabo actividades sexuales a través de la webcam y después lo pueden distribuir a través de la red de pornografía infantil».
«Es decir, las fotos de nuestros hijos pueden dar vuelta al mundo en una red de este tipo», remarcó la representante del Ministerio Público, que recomendó explicar a los niños que pueden ser engañados a través de las redes sociales.
En las investigaciones, las fiscalías de Cibercrimen, que ya son tres por la gran cantidad de casos, detectan varias etapas del grooming: primero, un mayor se hace pasar por un menor para generar empatía y confianza, luego se prepara el terreno para empezar a tener conversaciones de contenido erótico y después se solicitan imágenes con connotación sexual.
«Esto puede durar un tiempo bastante largo hasta que el menor toma consciencia de que está metido en algo que no puede salir, trata de evadirse de esta relación y ya lo empiezan a extorsionar diciéndole ‘si no me mandás nada, subo todos las fotos que me mandaste a las redes sociales o se lo voy a contar a tu papá'», explicó la fiscal.
Al respecto, recordó el caso de Micaela Ortega (13), la adolescente de Bahía Blanca que fue contactada por un joven de 26 años a través de Facebook, éste la convenció de irse de su casa y terminó siendo asesinada en abril del año pasado.
Los expedientes sobre pornografía infantil se caracterizan porque los imputados son en su mayoría hombres de mediana edad que trabajan con niños, entre ellos docentes, pediatras y choferes de transportes escolares, aunque también hay expertos en informática que aprovechan sus conocimientos con fines delictivos.
«Tenemos muchos imputados que trabajan part time, por lo que les queda tiempo para poder generar este tipo de contactos. En el cien por ciento de los casos son hombres, no tenemos casos de mujeres y si bien son de mediana edad, podemos decir que hay autores de entre veintiocho a setenta años», explicó Dupuy.
Un caso resonante ocurrió en diciembre pasado, cuando se detuvo a un profesor de artes marciales en plena clase clase con niños en un gimnasio de Palermo, como sospechoso de haber abusado de menores y de producir pornografía infantil.
La fiscal especializada indicó que los pedófilos tienen «una constante demanda de material y no se conforman con tener siempre el mismo, lo cual genera que haya más oferta y que se tenga que producir, lo que lleva a sacarles fotografías desnudos a los menores o filmarlos teniendo relaciones sexuales».
Respecto de las víctimas, señaló que son tanto niñas como varones cuyas edades van de los 8 a los 16 años.
Una vez que se hace una denuncia o llega un reporte, los investigadores solicitan a las empresas proveedoras de Internet datos de los abonados tales como dónde están ubicadas las IP, a quién les están facturando el servicio y desde cuánto tiempo y si se trata de un casa de familia, un comercio o un cybercafé.
Si bien hace algunos años las empresas eran reticentes a entregar la información porque no está regulado que deban cumplir con los requerimientos judiciales, actualmente acceden a proporcionar los datos y los investigadores ya saben cómo pedirlos y cuál es el tiempo que pueden demorar en contestar, que resulta clave.