Las detenciones de dos «reyes de La Salada» y otros 50 acusados de integrar asociaciones ilícitas que extorsionaban a vendedores de esa feria que manejaba un monto equivalente al 10 por ciento del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, expusieron complicidades políticas y policiales que sostenían un «Estado paralelo».
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, definió así el funcionamiento del mercado de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuyas ferias Punta Mogote y Urkupiña eran regenteadas desde hace más de 20 años por Jorge Castillo y Enrique Antequera, aprehendidos en junio y agosto de este año.
Fueron acusados de liderar organizaciones que explotaban de manera ilegal los puestos, les cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento; y agredían a golpes a quienes no cumplían con los pagos.
Los identificados como fuerza de choque de las asociaciones también fueron imputados por atacar a las «mecheras», mujeres que robaban mercadería a los feriantes y, al ser descubiertas, eran encerradas, obligadas a desnudarse y golpeadas.
Estas investigaciones fueron encabezadas por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, quien en 2015 determinó, tras un desalojo, que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados.
Luego de dos años y por orden del juez de Garantías Gustavo Gaig, durante la madrugada del 21 de junio fue aprehendido Castillo en su casa del barrio privado Haras Argentino de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján, donde recibió a los tiros al Grupo Halcón.
En los 55 allanamientos realizados por la Policía bonaerense y la Gendarmería (GNA), además de Castillo también fueron detenidos su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, uno de ellos llamado Adrián Castillo, a quien se sindica como jefe de «La Banda de River», y cuatro policías provinciales.
Además, al día siguiente y tras una orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el predio Punta Mogotes se secuestraron once millones de pesos y más de seis mil dólares distribuidos en diez cajas fuertes, en el marco de una investigación por «evasión impositiva» y «lavado de dinero».
La causa que se le sigue a Castillo tiene 33 apresados, mientras que Leonardo Gaitán, sindicado líder de la banda de «Los Cucos», seguía prófugo.
El 11 de agosto por la noche fue aprehendido dentro del predio Enrique Antequera, titular de la feria Urkupiña, en el primero de 30 allanamientos que finalizaron con otros 17 detenidos.
Junto al otro «rey de La Salada» fueron aprehendidos tres barrabravas Boca Juniors y dos policías, entre ellos Diego Barreda, quien había sido detenido por encubrimiento en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994.
Los últimos imputados en ambas causas fueron detenidos en los meses siguientes y la mayoría se encuentra alojada en la Alcaidía 3 de La Plata.
Esta investigación judicial desnudó la masividad de las empresas radicadas en el predio que, según la Comunidad Económica Europea, es la feria ilegal más grande del mundo, con el mayor volumen de falsificación de marcas y piratería.
En ese sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó a Télam que sus empresas registran operaciones comerciales diarias de más de 20 millones de dólares, y que en 2015 se obtuvieron ganancias por más de 47 millones de pesos.
En tanto, Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo, denunciaron connivencias política y policial que sostenían el funcionamiento ilícito de las ferias y con las cuales, coincidieron, están «rompiendo».
«Esto es muy importante porque demuestra que este Gobierno no se para a mirar si hay un político, un policía o un prefecto, y si los hay, los detiene», dijo Bullrich y calificó a estos operativos como «históricos».
Por su parte, Ritondo afirmó que su gestión privilegia «una lucha frontal contra las mafias que hoy la Justicia, las fuerzas federales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires están llevando adelante» y que «no hay mafias que no funcionen en la Argentina sin complicidades policiales, judiciales y políticas».
«Creo que se ha dado un paso en la lucha contra las mafias tan enquistadas desde hace décadas en el conurbano bonaerense. Hay mucho por hacer y las investigaciones deben profundizarse. La firme decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal y el apoyo del Procurador Julio Conte Grand muestran un escenario ideal para dar esa pelea», concluyó el fiscal Scalera.
El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijo que «por supuesto» existió «complicidad policial, de la Justicia y de la política», pero intentó desligar al anterior Gobierno nacional.
«Si hay algo que La Salada no tiene, es ser kirchnerista», manifestó Insaurralde, pese a que ésta fue parte de las misiones oficiales al exterior durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.