El fiscal de la seguridad social pidió información sobre la suspensión de pensiones por discapacidad

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, solicitó hoy al Ministerio de Desarrollo Social información detallada sobre la suspensión de pensiones por discapacidad, entre ella la cantidad de beneficios afectados, el listado de las personas perjudicadas y el criterio aplicado para tomar la decisión.
De Vedia requirió esa información a la cartera encabezada por la ministra Carolina Stanley en el marco de una investigación preliminar de «la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones», informó hoy fiscales.gob.ar, el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.
Entre otras precisiones, pidió que se detallen las pruebas que sustentan la decisión de suspender parte de las pensiones por discapacidad, el medio de notificación al beneficiario de la futura suspensión del beneficio y que se acompañen las constancias respectivas que acrediten dicha notificación.
De Vedia dijo que hizo el requerimiento porque, «a los efectos de investigar la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones, es necesario determinar cuáles fueron los criterios aplicados y si estos tienen sustento en la normativa aplicable o por el contrario fueron definidos a discreción del organismo”.
«Lo que se busca con la apertura del legajo es identificar si en todos los casos se cumplió con el procedimiento vigente y se respetó la tutela administrativa efectiva contemplada en distintos instrumentos internacionales”, señaló.
Por otra parte, en declaraciones radiales, De Vedia sostuvo hoy que las pensiones por discapacidad son «un derecho adquirido, no es limosna ni caridad» sino que se lo concede mediante un «acto administrativo (que) sólo puede ser revisable en caso excepcional de una ilegalidad manifiesta».
«Si se descubre algo contrario a derecho, hay que hacer una actuación administrativa, citar al beneficiario, darle derecho a defensa y esto va a conducir a que se tenga una decisión fundada, no que (el beneficiario) se entere en un cajero automático», dijo el titular de la Ufises a Radio Cooperativa.
Sobre un primer recurso de amparo colectivo presentado en la ciudad rionegrina de Viedma por dos organizaciones sociales y legisladores provinciales, De Vedia dijo tener «la sensación de que sí (va a prosperar) porque la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) ya tiene un precedente».
«La Corte declaró inconstitucional un artículo (del decreto de 1997 invocado ahora para retirar los beneficios) en el caso Reyes Aguilera. Este decreto fija obstáculos para no acceder al beneficio de invalidez, como por ejemplo, que una persona tenga auto y también dice que las personas extranjeras que quieran adquirir esta pensión necesitan 20 años de residencia en la Argentina. La Corte dijo que era inconstitucional».
Según el fiscal de la seguridad social, «el decreto debe reglamentar procedimentalmente la ley para que se pueda cumplir, (pero) no pude legislar cuestiones de fondo ni ser más restrictivo que la ley. Si la ley no fija requisitos para acceder a estos beneficios, no lo puede hacer el decreto».
En el amparo colectivo de Río Negro, si bien fue presentado por cuatro casos particulares, los patrocinantes de la Asociación Civil Encuentro Solidario, la Fundación Patagónica INAUN y legisladores provinciales pidieron ser aceptados para representar a más casos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la legalidad o no de esta decisión gubernamental de suspender pensiones.