El FMI celebró el acuerdo alcanzado entre la Argentina y los acreedores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró hoy el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales grupos de acreedores de deuda emitida bajo ley extranjera, que le permitirá a la Argentina reestructurar compromisos por alrededor de US$ 63.500 millones.
La directora Gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, consideró hoy como un «paso muy significativo» el principio de acuerdo sobre la deuda alcanzado por la Argentina y los tres principales grupos de acreedores del país.
En ese marco, Georigieva felicitó al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a los bonistas.
«Felicitaciones al presidente @alferdez, al ministro @Martin_M_Guzman y a los principales grupos acreedores de Argentina por llegar a un principio de acuerdo sobre la deuda del país», afirmó Georgieva en su cuenta de Twitter.
El FMI se convirtió en los últimos meses en uno de los principales aliados de la Argentina en el marco del proceso encarado para reestructurar la deuda emitida bajo legislación extranjera.
El acuerdo permitirá a la Argentina alcanzar las mayorías necesarias para garantizar el éxito de la operación, ya que estos tres grupo de acreedores contarían con al menos el 51% de los tenedores de bonos de todos los títulos ofrecidos por el canje en su conjunto, y con más de 80% de los títulos de los canjes de 2005 y 2010.
De cara al corto plazo, tras cerrar formalmente el acuerdo con los bonistas, el próximo paso del Gobierno en pos de la sustentabilidad será ir tras la renegociación del acuerdo con el FMI, al que la Argentina le adeuda 47.000 millones de dólares tomados entre 2018 y 2019.
El Gobierno priorizó la renegociación de la deuda con los privados en el cronograma, si bien en el momento más álgido de la negociaciones con los acreedores no descartó invertir las prioridades.
«Si los acreedores no aceptan la oferta, continuaremos trabajando en la sustentabilidad de la deuda a pesar de lo resultados de la operación, avanzaremos con un nuevo programa con el FMI, con quien tenemos una acercamiento constructivo, para continuar con dicho objetivo de estabilidad macroeconómica», subrayó el ministro Guzmán el fin de semana pasado.
Guzmán expresó que el nuevo plan que se negociará con el FMI será un programa diseñado por el Gobierno argentino, que tendrá «condiciones que no resulten recesivas» para la economía del país.
Al participar hace una semana de un encuentro con inversores y empresarios en el foro organizado por el Atlantic Council, dijo que el programa anterior suscripto por la administración de Mauricio Macri suponía erróneamente que la contracción fiscal y la monetaria restaurarían la confianza en el país.
«Y eso no sucedió. La contracción monetaria iba a ser efectiva en reducir la inflación y hubo más inflación. Y la contracción fiscal generó mayor caída de la demanda. Todos los indicadores sociales se deterioraron. La tasa de interés subió al 80% y eso tuvo efectos muy negativos para el sector privado», consideró Guzmán, quien señaló que el nuevo programa con el FMI deberá darle al Gobierno aire suficiente para el diseño de políticas para la reactivación de la economía, en el marco de la pandemia.
El último acuerdo que la Argentina suscribió con el FMI se encuentra suspendido, y la Argentina buscará renegociar otro programa donde una de las alternativas de máxima es obtener un acuerdo con un flujo de desembolsos netos favorables al país, que le permitan repagar el préstamo y a la vez acelerar la recuperación y la estabilización macroeconómica, según especulan economistas del sector privado..
Hasta el momento, el FMI, a través de su vocero Gerry Rice, sostuvo que la Argentina no había solicitado ningún programa con el FMI, a la espera del resultado de la negociación con los privados.
El cronograma de pagos con el Fondo implica vencimientos para los próximos dos años, ya que el grueso de los pagos de 47.000 millones de dólares se concentra entre 2021 y 2023.
El FMI realizó para la Argentina durante el 2020 dos análisis técnicos de sustentabilidad donde se determinó que el alivio debía ser de entre 50.000 millones y 80.000 millones de dólares para tornar al endeudamiento del país en sustentable.
El acuerdo alcanzado con los bonistas privados bajo ley extranjera supone un alivio que no supera los 35.000 millones de dólares, según los últimos cálculos preliminares de los mismos acreedores.