La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció hoy que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que, entre otros aspectos, bajaría de 16 a quince años la edad de imputabilidad para delitos graves, y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.
El Poder Legislativo se encuentra en receso durante enero, por lo que, si el presidente Mauricio Macri convoca a sesiones extraordinarias en febrero, la iniciativa podría comenzar a ser debatida antes del inicio del período ordinario previsto para el 1º de marzo.
Bullrich aseguró que se trata de un «régimen socioeducativo» y destacó que, independientemente de la edad que tenga, «cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad».
La ministra de Seguridad precisó a radio Mitre que el proyecto en el que trabaja el Gobierno y que sería enviado en febrero al Parlamento, una vez que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, «avala la teoría de (Rudholph) Giuliani (el ex Alcalde de Nueva York) de cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva».
«El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual», aseguró Bullrich.
A su turno, el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez, consideró que la reforma es «una deuda que tiene la democracia argentina».
El funcionario dijo a radio Continental que el Gobierno propuso «crear un sistema de responsabilidad penal juvenil donde el eje central es tener una justicia especializada, con gente capacitada y una formación adecuada para atender esta problemática».
Por su parte, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, consideró que la reforma busca que «el Estado esté presente» cuando un joven «inicia una carrera delictiva».
«Creemos que cuando se inicia una carrera delictual desde tan joven, es importante que el Estado esté presente y tome medidas, porque si no hay respuestas tras una comisión de delito, en la psicología del chico se empieza a percibir que no hay conducta contraria y comienza esa carrera», explicó Milman al canal de noticias TN.
Por su parte, el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, dijo que el Gobierno busca un «consenso fuerte» en torno al proyecto del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y que para lograrlo está «dispuesto a negociar» con diferentes sectores.
El funcionario dijo a radio La Red que «el tema más álgido, no sé si el más importante, es el tema de la edad» de imputabilidad, que el borrador del proyecto oficial fija en 15 años, en lugar de los 16 años actuales, que rige para delitos graves.
Al respecto, en el Congreso hay varias iniciativas vinculadas con la cuestión de la imputabilidad de menores, aunque su debate se vio trabado en los últimos años por cuestiones de política y de ideología.
En 2009, por ejemplo, la Cámara alta había aprobado un Régimen Penal Juvenil con el apoyo del entonces oficialismo kirchnerista, pero su debate naufragó en Diputados y, finalmente, en 2012 perdió estado parlamentario.
Finalmente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, atribuyó a la «campaña electoral» la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.
Silberstein opinó que esa iniciativa «es parte de las etapas de campaña electoral» y consideró que «es más importante definir qué políticas vamos a aplicar frente a los menores, imputables y no imputables».
