El presupuesto bonaerense prevé un crecimiento de 3,5% de la economía y menor presión fiscal en 2018

El ministro de Economía de Buenos Aires, Hernán Lacunza, destacó hoy que el proyecto de Presupuesto de la provincia para 2018 prevé un crecimiento de 3,5% de la economía bonaerense e «incluye una baja en la presión impositiva a 5,5% del producto bruto geográfico (PBG), frente a 5,8% este año».
La iniciativa, que se presentó hoy a la Legislatura bonaerense, prevé «un crecimiento del PBP de 3,5% y apunta a cumplir tres objetivos simultáneos: una baja de impuestos paralela a la reducción del déficit fiscal y a un aumento de la obra pública», dijo Lacunza en una reunión con periodistas junto al jefe de Gabinete, Federico Salvai.
El desequilibrio en las cuentas se proyecta en 0,65% del producto, unos 31.000 millones de pesos, frente a 1% el año pasado y al 0,75% previsto para este año.
Todo el déficit, que se cubrirá con deuda, corresponde a la inversión, ya que habrá un superávit corriente de $ 5.700 millones.
«El sector más beneficiado será el de Desarrollo Social con un aumento de 30% en la partida para 2018, de modo que acumulará desde 2015 un 250%», precisó Lacunza.
Le seguirán en orden de importancia los aumentos de 22% en las partidas para inversión en Infraestructura (400% de suba en el trienio) y en Salud, 19% (un alza de 120% desde 2015).
Los recursos para obras hidráulicas en el territorio bonaerense, para evitar o mitigar el impacto de las inundaciones, tendrán un salto de 89% de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2018.
«El año próximo se tomará nueva deuda por $ 58.890 millones, lo cual representará un 1,3% del PBP, frente a 1,4% este año y 2% en 2016», añadió el ministro tras explicar que el endeudamiento será mayor al déficit esperado «porque hay que renovar vencimientos previos».
La baja de impuestos proyectada para 2018 a través de un proyecto paralelo al del Presupuesto, tendrá un costo fiscal de $ 10.000 millones y abarcará a Ingresos Brutos en cada sector: unas 3.900 grandes industrias, por ejemplo, pagarán una alícuota de 1,5% (frente a 1,75% en la actualidad).
Estarán exentas, además, las pymes fabriles que facturen hasta $ 78 millones, y cuyo tope es hoy de $ 52 millones, lo que implica una variación de más del 50% y alcanza a unas 40.000 compañías.
Para la construcción, la alícuota del gravamen bajará de 4% a 3% en beneficio de 39.000 compañías; para unos 15.000 pequeños comercios que facturen hasta $ 2 millones se reducirá de 3,5% a 2,5%; y para unas 2.200 carnicerías también caerá a 2,5%, desde el 3,5 a 5% actual.
Unos 3.800 pequeños productores agroganaderos tendrán alícuota cero cuando facturen hasta $ 3 millones anuales.
Se recortará asimismo la alícuota del impuesto a los Sellos, de 3,6% a 2% para la compra venta de inmuebles y para autos cero kilómetro ese gravamen y el de IB bajan de 3 y 3,5% respectivamente, al 2,5%.
En el caso de patentes de automotores no aumentará la presión impositiva, sino que las variaciones en el pago del impuesto serán consecuencia de la evolución del valor de mercado de los vehículos.
Para el Inmobiliario urbano, a la vez, se contempla una actualización de las valuaciones fiscales «que están atrasadas en doce años», señaló Lacunza.
«Hoy -detalló el ministro- se pagan once pesos anuales por metro cuadrado y proponemos actualizaciones de 40% para las propiedades de menor valor; de 50% para las de precio medio; y de 75% para las más caras, con lo cual el aumento promedio del impuesto para la mitad de los inmuebles será de 40 pesos por mes, y para tres de cada cuatro ascenderá a 100 pesos mensuales».
De todos modos, se propone una baja de $ 55 mensuales para las propiedades con valuaciones de hasta $ 180.000 y un aumento de sólo $ 17 por mes para las de hasta medio millón de pesos, además de exenciones para jubilados con inmuebles de hasta $ 5 millones.
El impuesto Inmobiliario Rural, a su vez, tendrá un tope de aumento de 50%, lo cual para la mitad de los campos implicará una suba de $ 61 por mes.
«Quedarán exentas de la suba las propiedades de hasta 50 hectáreas y para los campos inundados se replicará el beneficio establecido para este año», dijo Lacunza.
Es decir, habrá exenciones del 50% en casos de emergencia y del 100% en casos de desastre agropecuario.
El tercer proyecto elevado hoy a la Legislatura apunta a una ley de responsabilidad fiscal para los municipios, en línea con el propuesto por la Nación para las provincias.
Salvai dijo al respecto: «El gasto en personal es creciente, especialmente en ciclos electorales, y existe gran heterogeneidad en tasas municipales».
El objetivo en este caso es atar el gasto corriente a la evolución inflacionaria; que el empleo crezca al mismo ritmo que la población; que la deuda tenga un tope de 8% de los recursos corrientes y que se armonicen las distintas tasas (ABL, higiene, red vial, etc.).