El Supremo Tribunal postergó una decisión que puede ser clave para Lula

El Supremo Tribunal Federal de Brasil postergó hasta la semana que viene el tratamiento de una causa que permitiría la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el sábado condenado por corrupción, anunció esta noche el juez Marco Aurelio Mello.
De esta forma, se reduce la expectativa sobre la sesión de mañana de la máxima corte frente a la posibilidad de ratificar la prisión o liberar al ex presidente Lula, condenado a 12 años y un mes detención, sentencia que cumple desde el sábado.
El juez Mello decidió esta noche postergar por cinco días hábiles el tratamiento de la acción de inconstitucionalidad que había presentado el Partido Ecológico Nacional (PEN), conocido como Patriotas.
Es que surgió un conflicto de último momento: el partido derechista anunció que quiere retirar la demanda porque esta puede beneficiar a Lula.
Se trata de una crucial decisión de la corte para ver si mantiene la jurisprudencia de 2016, a pedido de la Operación Lava Jato, de que los condenados en segunda instancia pueden ir a la cárcel, contra lo que afirma la Constitución, que permite seguir en libertad todas las fases de la Justicia.
Existe otra acción de inconstitucionalidad contra la prisión en segunda instancia -el caso del líder del Partido de los Trabajadores- que fue presentada por la Orden de Abogados de Brasil.
La votación que se preveía mañana generó una gran tensión en la primera semana con Lula preso.
En tanto, el juez Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato, prohibió, por considerar “privilegios”, visitas políticas al ex mandatario en la Superintedencia de la Policía Federal en Curitiba, adonde fueron nueve gobernadores, que repudiaron la prohibición del ingreso.
“Esto va en contra de todos los procedimientos”, dijo el gobernador de Maranhao, Flavio Dino.
En verdad, una jueza de ejecución penal fue la que negó el pedido, pero cumpliendo la determinación de Moro.
El juez Moro, al participar de un evento organizado por el grupo mediático RBS en Porto Alegre, dijo que el habeas corpus del miércoles pasado que mantuvo la jurisprudencia en el caso Lula “mantuvo la seguridad jurídica en Brasil”.
“No se puede cambiar la ley por una u otra persona”, esgrimió, y destacó el voto de la jueza suprema Rosa Weber, que era considerada indecisa y votó en contra de Lula, pese a que llegó a ese cargo impulsada por la ex presidenta Dilma Rousseff, del PT.
El voto de Weber será clave en la votación sobre la detención en segunda instancia.
Ella dijo que votaba en contra el miércoles pasado porque se abordaba apenas un caso, pero que iba a votar en volver al texto constitucional si el asunto era general, no apenas de Lula.
En medio de esto, fue marcada para el 17 de abril la sesión de la Corte para acatar la denuncia por corrupción contra el ex candidato presidencial Aecio Neves, senador oficialista que fue grabado pidiendo sobornos.
Hoy, también, fueron procesados dos amigos del presidente Michel Temer en la causa por la corrupción para abastecer al partido Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
En ese marco, el acampe en Curitiba, adonde el PT trasladó su sede central para acompañar a Lula, tuvo hoy un acto político de alto nivel: nueve gobernadores, la mayoría del PT, intentaron hablar con Lula y Moro no los dejó, al considerar que las visitas son “privilegios”.
“Ningún privilegio será concedido. No se puede dar privilegios diferentes al resto de los condenados, también en virtud de la organización de la repartición pública que lo aloja”, dijo el juez Moro, cabeza de la operación Lava Jato.
La decisión fue en respuesta a un pedido de nueve gobernadores que se trasladaron a Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde ahora funciona el comité nacional del Partido de los Trabajadores y existe un acampe con más de 1.000 personas.
Moro envió a Lula a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión a una sala sin rejas de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba.
El gobernador de Piauí, nordeste, Wellington Dias, anunció que pedirán a la Corte Suprema que permita a autoridades del país ingresar a la sede de la Policía Federal como parte de las visitas de Lula.
“Venimos a pedir la libertad de Lula, un inocente condenado sin pruebas”, sostuvo el gobernador de Bahía, Rui Costa.
Con la negativa de Moro, Lula podrá recibir a sus abogados todos los días hábiles y a sus familiares sólo los miércoles.
Desde el acampe organizado por el PT y los movimientos sociales todas las mañanas, a las 9, los manifestantes gritan desde 500 metros de distancia “Bom Dia Lula” (Buen Día Lula).
El ex presidente le dijo a sus abogados que escucha el saludo de la multitud desde su sala, convertida en la prisión más célebre de la Operación Lava Jato.
Los gobernadores que viajaron a Curitiba a intentar visitar a Lula -y que apelaron a una juez de ejecución penal para poder entrar- son Tiao Viana (Acre), Rui Costa (Bahia), Camilo Santana (Ceará), Fernando Pimentel (Minas Gerais), Wellington Dias (Piauí), Flávio Dino (Maranhao), Renan Filho (Alagoas), Jackson Barreto (Sergipe) y Paulo Cámara (Pernambuco).
Según el abogado de Lula, el ex presidente tiene una televisión y está leyendo el libro “La Elite del Atraso: de la esclavitud a Lava Jato” del sociólogo Jessé Souza, una lectura incluso novedosa para la izquierda sobre la formación de las clases sociales y el legado esclavista en Brasil.
“No se puede tratar a la política de esta forma, al mayor líder del país de esta forma, tratarlo sin ley. El Supremo Tribunal necesita pronunciarse sobre si va a respetar la Constitución, para que el país retome el estado de derecho”, dijo el gobernador Viana ante la militancia.
La postergación del fallo de la corte se debió a la reacción del PEN.
“Nuestro partido es de derecha. Retiramos el apoyo a esta acción porque no sabíamos en el pasado que podíamos beneficiar a Lula”, dijo el presidente del PEN o Patriotas, Adilson Barroso.
El Partido Ecológico Nacional echó a su abogado, el reconocido penalista Antonio Carlos de Almeida Castro, Kakay, defensor de varios acusados en la Operación Lava Jato y abiertamente contrario a la llamada “Doctrina Moro”.
Sin Lula en la carrera electoral para octubre, el ultraderechista Jair Bolsonaro es el favorito a vencer los comicios, por sobre el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, quien renunció al cargo para poder participar de los comicios.
Alckmin, presidente de Partido de la Social Democracia Brasileña del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, perdió los fueros y está delatado por tres ejecutivos de Odebrecht de recibir unos tres millones de dólares en sobornos o pago ilegal de campañas a través de su cuñado.