La cantidad de personas detenidas hasta fines de 2016 por robo o tentativa de robo fue la más alta de los últimos 15 años, según indica el informe anual del Sistema de Estadística sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de un total de 31.393 imputados por esas causas, mientras que en segundo lugar -y por primera vez desde que se elabora el estudio- hubo 10.476 detenidos por infringir la Ley de Estupefacientes.
Los resultados de la estadística fueron difundidos hoy en un encuentro realizado en la sede del mencionado ministerio, ubicado en Sarmiento 329, en el barrio porteño de San Nicolás.
Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal del organismo, fue el encargado de presentar datos recogidos junto a los coordinadores del informe frente a otros funcionarios y representantes de organizaciones civiles, como Madres del Dolor y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En relación a la tasa de encarcelamiento, que en Argentina aumentó a 175 cada 100.000 habitantes, en comparación a los 169 del 2015, Benítez explicó a Télam que es el «reflejo del crecimiento del delito».
«La lectura de los datos cada uno la hace desde su subjetividad, yo no celebro que haya más detenidos, pero la tasa de encierro creció casi proporcionalmente con lo que creció el delito», dijo.
Además, el funcionario aseveró que le «encantaría que no creciera ninguna de las dos tasas» y que la búsqueda de su gestión es «lograr las bases para tener cada vez menos delitos y menos presos», lo que «lleva un proceso de reconstrucción social muy profundo».
«Los niveles de desigualdad e impunidad en la región atentan contra eso, por ejemplo, el narcotráfico, que es un delito que genera otros delitos subsidiarios para la conquista del territorio», aseguró Benítez en relación a la suba de más de 2.000 detenidos por delitos vinculados con el narcotráfico en el período 2015-2016.
En ese sentido, aclaró que ese crecimiento «no está vinculado a los delitos más bajos del narcotráfico sino al comercio», ya que «se está atacando la cadena de narcotráfico y no al eslabón».
Benítez también se refirió a la evaluación que realizó su equipo sobre la cantidad de detenidos que accede a los sistemas de educación y empleo que funcionan en las unidades carcelarias del país.
«El Ministerio de Justicia de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires están trabajando fuertemente en eso, se reabrieron talleres que estaban cerrados, hay una apuesta muy importante», contó.
Al respecto, el informe arrojó que disminuyó un dos por ciento la cantidad de personas detenidas que no participaban en ningún programa educativo, y que en la misma medida aumentó la cantidad de asistentes a clases de educación de nivel primario en las cárceles.
«Ayer el Servicio Penitenciario Federal firmó un convenio con Atomic Lab, un laboratorio que se dedica a hacer prótesis en 3D para personas que sufren de alguna discapacidad, y me parece que eso reivindica lo que es la justicia restaurativa, que la persona privada de la libertad pueda reconocer a otro en la víctima», señaló el subsecretario en ese sentido.
Benítez agregó que «todas las personas que están hoy encerradas van a salir en algún momento a la calle» y que por eso se necesita que, «cuando salgan, lo hagan de otra forma, de una forma productiva, de una manera en que reconozcan al prójimo, que es lo que no sucede previo a su ingreso, producto de todo el ambiente que los rodeaba».
«Esto nos habla de grandes problemas de desigualdad y marginalidad, y obviamente, en gran parte de nuestra historia, de ausencia del Estado en lugares clave, hoy desde el Gobierno se ven diseños estatales que apuntan a disminuir la pobreza», concluyó.