En Argentina nueve de cada 10 reclusas extranjeras condenadas por delitos relacionados con las drogas han sido correo humano (conocidas como «mulas») y no tenían antecedentes penales, advirtió hoy la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe internacional de 2016.
«Muchas veces las mujeres trabajan de mulas para generar recursos para su familia», explicó a Télam el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, quien aseguró que «hay que trabajar para restituir derechos en esa población carcelaria».
Según el informe, el número de mujeres detenidas por delitos relacionados con las drogas aumentó «considerablemente» en el mundo y, en la población reclusa, la prevalencia del consumo de drogas es más elevada entre las mujeres que entre los hombres.
«En el caso particular de las reclusas, la separación de sus comunidades, hogares y familias tiene un efecto perjudicial considerable e incrementa el riesgo de sufrir trastornos de depresión y ansiedad», puntualizó.
La encarcelación de mujeres por participar en ese tipo de delitos puede tener también «consecuencias catastróficas» para sus hijos, especialmente si ellas son las cuidadoras principales.
Además, aunque el nivel de consumo problemático entre las reclusas es muy elevado, «rara vez pueden acceder a servicios de tratamiento y rehabilitación», subrayó.
En ese sentido, la JIFE exhortó a los Estados a que «reúnan y compartan datos con el objetivo de profundizar la comprensión de las necesidades específicas de las mujeres afectadas por el uso indebido de drogas, a fin de mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación».
El informe destacó que el gobierno argentino tiene en la lucha contra las drogas «uno de sus ejes centrales, por la reorganización de organismos encargados de la temática y por las mejoras en la vigilancia de la importación, exportación y fabricación lícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas».
«Hemos recuperado el Observatorio de Drogas y el Consejo Federal de Drogas para poder aplicar políticas públicas en base a la evidencia», aseguró Moro, para quien «ése es el camino, porque hay que tener una mirada amplia no sólo en la salud sino en lo social».