Estar «alertas» ante posibles señales de abuso y «actuar» a tiempo para evitar una de sus consecuencias, el embarazo adolescente, son los principales objetivos del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), cuya coordinadora presentó esta semana una guía para abordar esas situaciones en escuelas y hospitales.
Según datos del ENIA, ocho nacimientos de madres niñas y adolescentes menores de 15 años suceden cada día en Argentina, ocho de cada diez de esos embarazos no fueron intencionales y la mayoría fue consecuencia de abuso sexual o violación.
Son cerca de 3.000 niñas y adolescentes al año cuyos derechos humanos son vulnerados, por haber sido violentadas sexualmente, llevar adelante embarazos forzados y ser madres antes de estar preparadas para maternar.
Durante una jornada que se realizó el miércoles en la Casa Rosada y contó con la presencia de los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, se presentó un documento con lineamientos para «fortalecer políticas de prevención del abuso y la violencia sexual en la niñez y la adolescencia y para el acceso a la interrupción legal del embarazo en el marco de la normativa vigente”.
El documento, elaborado con el apoyo de Unicef Argentina, recomienda que ante un embarazo en una niña menor de 15 años, los equipos de las diferentes áreas siempre deben considerar «la detección de un posible abuso sexual, la posibilidad de acceso a la interrupción legal del embarazo y que la atención del embarazo es de alto riesgo».
«El documento presenta también una serie de indicadores útiles para la detección temprana de esas situaciones en diferentes ámbitos y pautas sobre cómo deben actuar desde las escuelas y los servicios de salud, protección social y de justicia, en todas las etapas del proceso: el develamiento, la atención integral, la comunicación al organismo de protección y cómo hacer la denuncia», explicó a Télam Silvina Ramos, coordinadora técnica del ENIA.
«Esta problemática no siempre está contemplada en los protocolos existentes en las provincias en donde se está implementando el Plan ENIA. El sistema educativo y las áreas de desarrollo social pueden cumplir un rol fundamental en la detección temprana y la prevención», enfatizó Ramos.
La especialista destacó que cuando los niños, niñas y adolescentes cuentan espontáneamente que son víctimas de abuso, «es necesario actuar».
«En los casos en que esto no sucede pero se observan comportamientos, reacciones emocionales, marcas físicas y otras expresiones inusuales o que llaman la atención, es igualmente imperativo intervenir», destacó.
Según las nuevas guías, «la falta de respuesta institucional a los embarazos forzados en niñas menores de 15 años son formas de violencia institucional e incumplen las garantías de los derechos consagrados por la legislación nacional».
«Se incumple cuando no se da a la niña la información para que decida en libertad y cuando no se ofrece la posibilidad de interrupción legal del embarazo», completó Ramos.