El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró “válida” la opinión de Elisa Carrió sobre la nueva reglamentación que otorga más poder a las fuerzas federales en el uso de armas, aunque negó que la medida sea violatoria de los derechos humanos, como declaró la cofundadora de Cambiemos.
El funcionario nacional remarcó que, “en su uso adecuado”, la normativa “no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos”.
De esta forma, Garavano se refirió a las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien anoche a través de Twitter salió a cuestionar la resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre uso de armas en las fuerzas federales ya que, a su criterio, “viola los derechos humanos”.
En ese sentido, en una entrevista que el diario La Nación publica hoy, el titular de la cartera de Justicia destacó que “Bullrich indica expresamente que (la norma) sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”.
En tanto, al ser consultado sobre si hay un giro del Gobierno hacia una mayor mano dura, Garavano afirmó respondió: “Yo escribí hace muchos años un libro con Eugenio Burzaco y Diego Gorgal que se llamó Mano justa. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino”.
“Definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas”, añadió el funcionario, y reafirmó que el objetivo de la gestión del presidente Mauricio Macri es “reducir la impunidad”.
Garavano resaltó además el combate de la corrupción y el narcotráfico desarrollado durante la gestión actual y dijo que quedó pendiente una reforma de la justicia federal.
«Hay un récord de personas detenidas en el sistema federal, especialmente vinculadas a narcotráfico y corrupción», sostuvo el ministro en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín.
Las palabras de Garavano surgen luego de que el presidente Mauricio Macri presentara ayer los resultados del programa Justicia 2020 y volvió a pedir más rapidez a los jueces en las causas.
«El objetivo a mediano plazo es tener el nuevo Código Penal, que esperamos que sea enviado en marzo al Congreso, y la implementación del nuevo código procesal penal federal», contó.
Añadió que «la ley de flagrancia y la ley de juicios unipersonales, la ley del arrepentido, la ley de medidas de prueba especiales, y la ley de la víctima, permitieron ir reconfigurando el sistema penal, donde la víctima esté protegida y que la respuesta sea más rápida y se acabe con la puerta giratoria».
Y «que los casos terminen no por procesamientos sino con juicios orales», dijo.
En este sentido indicó que al inicio de la actual gestión «había más de un 99% de impunidad. De cada cien delitos que se cometían menos de una persona estaba cumpliendo una sanción efectiva. Y hoy estamos cambiando eso fuertemente. Tenemos un récord de personas detenidas en el sistema federal, especialmente vinculadas a narcotráfico y corrupción. Por primera vez en el país hay más condenados que procesados detenidos, lo cual es excelente (54,4% contra 46,6%)».
También destacó avances en materia penal respecto a por ejemplo lo que es la oralidad.
«Hoy más del 30% de los jueces civiles de Argentina, de todo el país, en el nivel federal y en el nivel local están usando estas técnicas de oralidad. Esto permite reducir procesos que en promedio duraban más de seis años a alrededor de un año. Estamos avanzando con la previsibilidad del sistema de justicia y con la eficacia en materia penal».
Garavano también dijo que en materia de designación de jueces el trabajo realizado es «inédito».
«Esto construye institucionalidad», definió.
Por este motivo, consideró que el programa Justicia 2020 «funcionó». «Es la primera vez que se hace un plan integral que se sostiene durante todo un mandato, con metas y resultados», sintetizó el ministro.
Sobre la reforma de la justicia federal, dijo que si bien «hoy la cantidad de jueces federales en la Capital Federal es razonable» se necesitan «más jueces federales en el norte».