El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó anoche que el Poder Judicial haya puesto en marcha el régimen de extinción de dominio como una «poderosa herramienta en la lucha contra las mafias y la corrupción».
«Valoramos que haya jueces y fiscales que, de forma valiente y novedosa, están avanzando sobre los bienes provenientes del delito», sostuvo Garavano desde su cuenta de Twitter.
El funcionario se refirió de esta manera a la resolución del juez federal Marcelo Dos Santos, quien dispuso que propiedades y sumas de dinero en efectivo valuadas en más de 7.000 millones de pesos queden bajo la tutela de la Agencia para la Administración de los Bienes del Estado (AABE), en el primer fallo que se dicta en base al decreto 62/19 de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri.
«La Justicia puso en funcionamiento el régimen de extinción de dominio, que aprobó el presidente Macri a principios de año», expresó Garavano, al hacer referencia a que el Poder Judicial «dispuso que la administración de los bienes secuestrados a una mafia que traficaba droga a Europa pase al Estado».
Al respecto, indicó que «los embargos alcanzan los $7.010.000.000. Incluyen autos de lujo, campos, casas y departamentos, más de 30 inmuebles, además de dinero en efectivo, relojes y joyas», enumeró.
«Para dictar la medida -explicó Garavano- se evaluó el riesgo cierto de sufrir perjuicios sobre el interés público y la verosimilitud de la ilegitimidad de los bienes», por lo que el juzgado, dijo, «pidió al fiscal algunas aclaraciones adicionales y convocó a los demandados para poder avanzar con una venta anticipada».
«Ello permitirá al Estado evitar los costos de la custodia y mantenimiento de los bienes», completó.
En esa línea, el ministro de Justicia consideró que «la extinción de dominio es una poderosa herramienta en la lucha contra las mafias y la corrupción» porque «permite desfinanciarlos para evitar que continúen su empresa delictiva y recupera los bienes del delito para beneficio de la sociedad».
Dos Santos, a cargo transitoriamente del Juzgado Civil y Comercial Federal 10 de la ciudad de Buenos Aires, tomó esta resolución en base a una demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público Fiscal contra el denominado «Clan Loza», una organización criminal dedicada a la comercialización y tráfico de drogas.