El gobierno bonaerense promulgó hoy la ley que agiliza el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conocido como Jury, con el objetivo de «adaptarlo a las demandas sociales» sancionada por la Legislatura el mes pasado.
Mediante el decreto 505 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas de la gobernadora María Eugenia Vidal y del Jefe de Gabinete, Federico Salvai, se promulgó la Ley 15.031.
La norma establece que los legisladores que integran el Jurado de Enjuiciamiento en caso de ser reelegidos para un nuevo período legislativo continuarán integrando dicho proceso para el que han sido designados, y no será necesario que vuelvan a sortearse, tal como sucede hoy.
También determina que el presidente del Jurado (el titular de la Suprema Corte) rija el órgano en todas aquellas denuncias o requerimientos que se hayan presentado durante su desempeño en la presidencia y hasta el final del proceso, más allá de que deje de presidir la Corte por el sistema de rotación que existe en ese órgano jurisdiccional.
También otorga mayores atribuciones al titular del Jurado para resolver cuestiones que se presentan durante el proceso de juzgamiento de jueces y fiscales, y acorta los plazos para la recusación de sus miembros.
Establece además que el apartamiento preventivo del funcionario denunciado podrá regir ahora «desde el momento en el que el Jurado admite la acusación», teniendo en consideración «la necesidad de contar con funcionarios públicos intachables en el mientras tanto (es decir, en dicha etapa del proceso), que sean dignos de ejercer la magistratura y administrar Justicia», según los fundamentos.
El 10 de mayo, cuando se sancionó la iniciativa, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan explicó que la ley “es parte de un paquete de proyectos que envió la gobernadora para mejorar el funcionamiento de la Justicia que hoy es una de las instituciones más desprestigiadas”.
El legislador precisó que las reformas a la ley de Jury “buscan celeridad en el proceso y mejoras en las garantías”, y detalló que con la nueva ley “los plazos se achican en general un 50 por ciento”.
Allan destacó que en los últimos dos años “se batió récord de apartamiento de jueces y fiscales por destitución, suspensión o porque renunciaron cuando el agua les llegaba al cuello”.