El fiscal platense Marcelo Romero imputó hoy al titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y al secretario general del gremio en Ensenada, Francisco Banegas, por la toma del ministerio de Economía provincial concretada en el marco del conflicto del Astillero Río Santiago.

La protesta en cuestión tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando los operarios del Astillero tomaron la dependencia bonaerense y estuvieron a punto de pasar la noche en la misma. La manifestación se levantó luego de una serie de negociaciones en las que intervino la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata.

En el expediente, se considera que De Isasi y Banegas abusaron «de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron» e intentaron «coaccionar» al ministro de Economía, Hernán Lacunza, para la concreción de una reunión «que había sido previamente concertada y programada».

Los dos dirigentes fueron imputados y llamados a declaración indagatoria en las últimas horas debido a que el fiscal Marcelo Carlos Romero consideró que son responsables de «delitos de coacción agravada, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad en concurso real».

En la notificación el fiscal sostuvo que «no se trata de desconocer el derecho de reunión, petición y protesta, asegurado por la normativa supraconstitucional y constitucional en vigencia», pero destacó que «no hay posibilidad de enmarcar los hechos acontecidos en el concepto de manifestación y protesta pacífica».

El día que tomaron el ministerio que conduce el ministro Hernán Lacunza los manifestantes cortaron la calle y entraron por la fuerza al edificio amenazando a los empleados. Lo resolvieron luego de que se suspendiera una reunión pautada con el funcionario de Cambiemos.

El fiscal señaló que los dirigentes de ATE abusaron de sus atributos e «intentaron coaccionar» a Hernán Lacunza «en el contexto de un conflicto laboral entre los Trabajadores del Astillero Río Santiago y el Gobierno Provincial».

«Principios elementales de Justicia permiten afirmar que cuanto mayor es la función, mayor tiene que ser la responsabilidad y más detenidas y razonadas deber ser sus decisiones, máxime, cuando sus consecuencias acarrean efectos como los causados», indicó en la resolución.

Además, sostuvo que «los hechos en investigación no se limitan -única ni aisladamente- a la rotura de portones, de pasamanos, de vidrios, irrupción en computadoras oficiales en la que se archivaba información, sino más bien estos hechos con la expresión de la coacción tentada y de la incitación a la violencia anunciada».

Con esos argumentos ambos dirigentes fueron convocados para declarar el 30 de octubre a las 9:30 y a las 10:30 respectivamente.