Intendentes del peronismo criticaron proyecto de presupuesto para la provincia en 2019

Intendentes del peronismo bonaerense rechazaron hoy los proyectos de ley Impositiva y de presupuesto 2019 enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura y cuestionaron el traspaso de gastos desde la Provincia a los municipios de la tarifa social eléctrica y de los subsidios al transporte.
Los jefes comunales se reunieron hoy con diputados y senadores del kirchnerismo y del PJ dialoguista en la Cámara de Senadores.
Participaron del encuentro los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Cañuelas, Gustavo Arrieta; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de La Matanza, Veronica Magario; de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde; de Almitante Brown, Mariano Cascallares; de Florencio Varela, Andres Watson; del partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús; y de Merlo, Gustavo Menéndez.
También, los de Hurlingham, Juanchi Zabaleta; de Zárate, Osvaldo Caffaro; de San Antonio de Areco, Francisco Durañona; de Punta Indio, Hernán Yzurieta; de Pehuajó, Pablo Zurro; de Tordillo, Hector Olivera; de Castelli, Francisco Echarren; de Villa Geraldo, Gustavo Barrera; de Saavedra, Hugo Corvatta; de Daireaux, Gustavo Acerbo; de Laprida, Alfredo Fisher; de Gonzalez Chaves, Marcelo Santillan; de 25 de Mayo, Hernan Ralinqueo; y de Roque Pérez, José Luis Horna.
El intendente Gray, cuestionó las propuestas de traspaso de gastos a los municipios de la tarifa social eléctrica ($8.000 millones) y de los subsidios al transporte ($2.450 millones), y la transferencia de la compensación que la provincia le pagaba a la Ceamse ($2.500 millones) a los 33 municipios que depositan sus residuos en los predios de la empresa.
«Este es un ajuste provincial y nacional. Nos quiere hacer pagar el costo político de algo que tienen que hacer ellos. No nos corresponde poner los fondos para subsidiar los servicios públicos», opinó.
En tanto, Ferraresi analizó que «el planteo unánime de los intendentes es que este presupuesto no se puede votar, porque va en contra de la autonomía municipal y ahoga a las comunas».
A su turno, Magario planteó que «es un presupuesto que no va a beneficiar a los bonaerenses, porque la Provincia les transfiere a los municipios las tarifas que le pasa Nación, con lo cual la gente no podrá tener tarifa social en los servicios».
Sostuvo que «la salud, la educación, la seguridad se ven disminuidos y lo que más crece es el pago de la deuda» y añadió que «es un presupuesto que transfiere gastos hacia la gente y no invierte en ningún área importante, no hay siquiera inversión para obras».
«Este presupuesto es inaceptable. No se puede votar de esta manera», finalizó.
En esa línea, Secco, planteó que «este presupuesto ajusta todo» y dijo que «se nos hace cada vez más difícil gobernar ciudades con un modelo que lastima tanto al pueblo argentino».
«Las consecuencias y las secuelas que nos están dejando nos pone en una situación que en vez de estar beneficiando a gente la estamos curando y no tenemos la posibilidad de fijar políticas de crecimiento. Este es un retroceso tremendo», evaluó.
Luego, Durañona expuso que «tiene que haber diálogo con el oficialismo, pero este presupuesto en estas condiciones, es inaceptable porque plantea un ajuste bestial para el interior».
«El peronismo no va a acompañar este presupuesto, ni el endeudamiento. Es imposible que los municipios hagamos frente a la tarifa social de la electricidad, es un disparate total y lo tienen que hacer la Provincia y la Nación. El tema del transporte es muy preocupante también. En este contexto es imposible de votar», concluyó.
Y Zurro expresó que «es inviable que un municipio como Pehuajó, de 40 mil habitantes se tenga que hacer cargo de una taifa social de 25 millones cuando ya venimos golpeados y castigados».
El presupuesto que envió el Ejecutivo a la Legislatura contempla gastos por $ 929.000 millones, un déficit de $ 40.000 millones, y tiene como prioridades la obra pública, la inversión social y mejoras en materia de seguridad.
La iniciativa estima un endeudamiento en mercados de crédito por $ 68.500 millones, lo que equivale a la actual deuda que posee el distrito.
En tanto, el proyecto de Ley Impositiva plantea un aumento de 38% para el Impuesto Inmobiliario, la creación de un gravamen al juego y una baja de Ingresos Brutos para algunos sectores.