La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hoy a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que en un plazo de 10 días informe la nómina de las empresas «declaradas agentes contaminantes y aquellas que se encuentran sujetas a control diferenciado».
ACUMAR deberá informar al Tribunal el listado de empresas sujetas a un control ambiental diferenciado, las que se consideran de mayor relevancia ambiental, y las que revisten complejidad ambiental de acuerdo al aporte que hacen a la contaminación de la Cuenca.
Así lo resolvió en el expediente “Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros”, iniciado por los daños y perjuicios derivados de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo.
La medida lleva las firmas del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horcio Rosatti.
El máximo tribunal tomó las medidas debidos a “las características típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el tribunal de encausar su tramitación mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos”.
Además de los habitantes ribereños de la Ciudad de Buenos Aires, la contaminación de la cuenca afecta además a millones de vecinos de 14 municipios bonaerenses.