La defensa del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, consideró «desproporcionado» el pedido del fiscal penal platense Alvaro Garganta, quién solicitó a la jueza Marcela Garmendia la inhibición de los bienes del ex mandatario por 189 millones pesos y decretó que se le prohíba salir del país, en el marco de una causa por presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la construcción de construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
«Es dable destacar la desproporcionada inhibición general de bienes, cuando en ningún momento de la imputación se atribuyó a nuestro representado haber causado perjuicio fiscal o que como consecuencia de su actuación funcional, haya existido semejante menoscabo al erario provincial.», expreso en un escrito al que tuvo acceso Télam el abogado Alfredo Gastón.
El escrito fue presentado a la jueza Marcela Garmendia quien convocó para mañana a una audiencia, antes de resolver si hace lugar al pedido de la fiscalía en la causa que investiga irregularidades en la contratación de obras públicas.
La audiencia había sido solicitada por la defensa del ex mandatario provincial y por los abogados de su ex ministro de Salud Alejandro Collia y del empresario Ricardo Miller (todos investigados en la misma causa) a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, con el fin de exponer oralmente ante ella sus argumentos, antes que la magistrada resuelva si hace lugar o no al pedido que cursara la semana pasada el fiscal platense Alvaro Garganta.
Garmendia aceptó, y convocó a las partes para mañana a las 10, en una audiencia que será grabada y filmada y en la que estará presente también el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, en representación de los bonaerenses y como particular damnificado en la causa.
Según reveló hoy a Télam su abogado, Scioli «no tiene previsto concurrir a la audiencia» y sólo participaran los abogados defensores de todas las partes involucradas.
El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión del ex gobernador Scioli, y en ese marco solicitó la prohibición de salida del país del ex mandatario y la inhibición por 189 millones de pesos.
Garganta buscar saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, en el marco de esta causa, se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.