La Iglesia advierte sobre «populismo penal» en relación al proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil

El obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario para la Pastoral de Villas de la ciudad de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, advirtió que «es necesario tener cuidado del populismo penal», en relación al proyecto que se debate en la Cámara de Diputados sobre un nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
«Es necesario tener cuidado del populismo penal. No se trata aquí de la confianza en alguna función social tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social», advirtió Carrara.
La postura de la Iglesia quedó expresada ayer a través del discurso de Carrara, durante la tercera audiencia que se realizó en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, en la Cámara de Diputados, sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en la que expusieron jueces, especialistas y referentes de organizaciones de derechos humanos.
«Hay que evitar esa tendencia que algunas veces existe de construir deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas. Todo esto se vuelve más delicado aún si estamos hablando de menores», indicó Carrara en su disertación.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone, entre otros puntos, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años para los menores que cometen delitos con penas superiores a los 15 años, y un abordaje interdisciplinario de los menores que cometen delitos, para lograr su resocialización.
Asesor de la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, el obispo indicó que «sería deseable que se abandonara el sistema tutelar y se implementara un régimen penal juvenil, con todas las garantías del proceso penal, pero sin bajar la edad mínima de responsabilidad penal juvenil, es decir, manteniéndola en 16 años, lo que sería más acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, con dicha Convención».
«Hay que trabajar por un régimen penal juvenil verdaderamente humano y abierto a la esperanza», reflexionó Cararra -quien trabaja pastoralmente hace 12 años en las villas de Buenos Aires- y sostuvo que «los menores que son llevados al delito por organizaciones criminales son sus víctimas; el Estado debe alejarlos de esa opción en lugar de reafirmarlos en el rol de delincuente».
El obispo auxiliar de Buenos Aires indicó además que «el camino comienza insertando a todos los chicos en las escuelas, y a sus familias en trabajos dignos, generando espacios públicos de esparcimiento y recreación, habilitando instancias de participación ciudadana, servicios sanitarios, acceso a los servicios básicos por nombrar sólo algunas medidas; ahí empieza todo proceso de integración socio-urbana».
«La deuda social es la gran deuda de los argentinos, no se trata solamente de un problema económico o estadístico. Es principalmente un problema ético que nos afecta en nuestra dignidad más esencial. Detrás de las estadísticas hay rostros e historias. La deuda social genera graves daños sobre la vida concreta de personas, las hiere profundamente en su dignidad. Y casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria son pobres», concluyó su disertación.