La Justicia autorizó a ONG a representar a usuarios de todo el país contra tarifazo de gas

La Justicia Federal de La Plata dictaminó a favor de una ONG para que actuara representando colectivamente a los usuarios de gas domiciliario contra la resolución que habilitó el aumento del servicio a nivel nacional, se informó oficialmente.
La decisión fue adoptada por el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de La Plata, Guillermo Héctor Ferrara,al dictaminar a favor del planteo formulado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS),la asociación civil que el año pasado consiguió que la Corte Suprema exigiera el llamado a audiencias públicas para informar sobre el aumento de tarifas.
El centro había planteado la representación colectiva de los usuarios residenciales del servicio de gas, en el marco de una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Energía y Minería del Poder Ejecutivo Nacional, por la modificación del cuadro tarifario, que incrementó el costo de provisión del servicio a nivel nacional.
En el recurso el CEPIS cuestionó las resoluciones 212/16 y 74/17 del ministerio de Energía y Minería de la Nación que concretó una Revisión Tarifaria Integral para determinar un aumento de las tarifas.
La organización planteó que el Poder Ejecutivo Nacional había omitido brindar información adecuada y veraz a los usuarios, al tiempo que las nuevas tarifas” violaban los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad”.
En su dictamen, el fiscal Ferrara consideró que la demanda estaba dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas de la República Argentina, lo que “incluiría a todas la categorías de usuarios previstas en las resoluciones atacadas (Servicio Residencial, Servicio General P, Servicio General G, Gas Natural Comprimido y Gran Usuario)”.
Además, repitió los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “CEPIS” del 18 de agosto de 2016 y señaló que la pretensión debía circunscribirse “exclusivamente a usuarios residenciales del servicio”.
Por ello, el fiscal Ferrara dictaminó en favor de reconocerle al CEPIS la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país y la competencia de la Justicia Federal de La Plata para intervenir en el caso, al tiempo que indicó que correspondía “denunciar la existencia del proceso ante el Registro de Acciones Colectivas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, así, dar inicio al proceso”.
En declaraciones formuladas a Télam, el titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Mariano Lovelli, explicó que «la Fiscalía Nº 2 de La Plata dictaminó que nuestra asociación está legitimada para representar al colectivo de usuarios residenciales de todo el país en una causa colectiva.»
Sostuvo que «ahora, entendemos que el juez inscribirá las acciones en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y ordenará el traslado de la demanda al Poder Ejecutivo nacional, al fuero federal de La Plata».
Detalló que si bien desde la ONG se solicitó que «se le imprima un carácter sumarísimo» a la presentación, «a diferencia del amparo, acá necesariamente hay que producir pruebas».
Lovelli sostuvo que «en base a información pública que la empresa YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) nosotros encontramos que el costo del gas en boca de pozo asciende a 2,09 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el usuario hoy paga 6,80».
Destacó que «si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de Usd 2,09, se torna irrazonable que el gobierno establezca que el usuario pague USD 6,80».