El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak formalizará esta semana el pedido de extradición del secretario general del Soeme y dueño del diario Hoy, Marcelo Balcedo, y su esposa, Paola Fiege, ambos detenidos en Uruguay, informaron fuentes judiciales.
Según pudo saber Télam, Kreplak aguarda «que, vía Cancillería, le lleguen las actuaciones labradas sobre la efectivización de las capturas de Balcedo y su mujer, para así esta semana pedir la extradición de ambos».
El magistrado ordenó la detención de ambos por el delito de lavado de dinero y analiza por estas horas si imputarles también la comisión del delito de asociación ilícita a través de la cual fueron extraídos más de 80 millones de pesos de los fondos del Soeme, en forma irregular, para ser destinados al patrimonio familiar de los Balcedo.
«Ahora hay que determinar si, además del hecho puntual, existía una estructura organizada de al menos tres personas dedicadas a cometer delitos», plantearon las fuentes, que recordaron que «es la organización en sí lo que reprime ese tipo penal».
La justicia uruguaya dictó el viernes último la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Krepalk solicite su extradición, según confirmó a Télam una fuente judicial del vecino país.
Una respuesta a ese pedido podría demorarse por parte de la justicia uruguaya, que investiga el origen de los autos de alta gama y de las armas secuestradas en la chacra «El Gran Chaparral», que posee Balcedo en Uruguay.
Daniel Espinosa, secretario Antilavado de Uruguay, reconoció hoy, en una entrevista con el canal de noticias TN, que «podría retrasarse» la extradición del sindicalista argentino hasta tanto se determine si en el origen de los autos de alta gama, del dinero en dólares y de las armas de guerra secuestradas hay tipificado algún delito para las leyes uruguayas.
Uno de los abogados de Balcedo en Uruguay, Pablo Correa, sostuvo, en declaraciones al diario El Observador de Montevideo que será el sindicalista quien decidirá aceptar ser extraditado o no.
«Nuestro cliente es muy formado. Tiene un título de ingeniero y postgrados en Harvard. Él decidirá qué es lo que más le conviene a sus intereses. No es un hombre al que se le impongan las cosas», remarcó.
El letrado aseguró que Balcedo le explicó que el dinero hallado en la chacra, cuando fue detenido, fue traído desde Argentina en los más de cien viajes que realizó en los últimos once años.
«Él hace once años que vive acá en Uruguay. Es sacar la cuenta con sumas en cada oportunidad que no superaron los diez mil dólares», apuntó.
Balcedo, secretario general del Soeme y empresario de medios en La Plata, fue detenido el jueves último, junto a su esposa, Paola Fiege, en su chacra «El Gran Chaparral», ubicada en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el Departamento de Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.
La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.
Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.
En el marco de los operativos en Uruguay, se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por 60.000 dólares por mes.
El viernes último, Mauricio Yebra, socio de Balcedo e integrante del gremio Soeme se entregó ante la justicia federal y se negó a declarar, tras lo cual permanece detenido en la delegación de La Plata de la Policía Federal Argentina.
A Yebra también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como «Los Monos».
La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 80 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.
El sábado último, el juez Kreplak ordenó el desalojo y clausura de las tres sedes de Soeme en La Plata y Capital Federal a fin de preservar la documentación y los bienes del gremio, que son de vital importancia para la investigación.
