La Legislatura bonaerense sancionó esta madrugada el Presupuesto 2023 para la provincia de Buenos Aires, que contempla gastos por $6,9 billones; y la Ley Impositiva, que prevé una menor carga impositiva para más del 90% de los contribuyentes.
Ambas iniciativas se aprobaron primero en Diputados y luego fueron giradas al Senado para su sanción definitiva.
Tras varias reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores del oficialismo y de la oposición, se acordó la inclusión en la propuesta de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y otro de Seguridad de alrededor de 56.500 millones de pesos, que reclamaban los intendentes.
Además, se establecieron topes para las escalas más altas de los impuestos patrimoniales contemplados en la Ley Fiscal.
“Es muy importante aprobar este proyecto porque refleja el trabajo que se están haciendo en la provincia y que ha puesto prioridades que tienen que ver con el fortalecimiento de cuestiones vinculadas a la producción, a la salud, a educación, trabajo”, señaló la diputada del Frente de Todos, Lucía Iañez, quien destacó algunos de los aumentos registrados en el proyecto.
Además, subrayó que nuevamente el proyecto tiene perspectiva de género y atiende el cuidado del medioambiente.
La diputada también pidió revisar el tope que se acordó respecto a la cantidad de personas que podrán ingresar al servicio penitenciario que pasó de 7 mil a 2500.
“Es un presupuesto que representa lo que está haciendo el gobernador Axel Kicillof”, repasó Iañez y señaló la necesidad de trabajar para “ampliar la coparticipación que recibe la provincia”.
También tomó la palabra el representante de Juntos, Valentín Miranda, quien destacó el acuerdo logrado entre los bloque mayoritarios y sostuvo que forma parte de una “oposición constructiva que pone frenos a los abusos, que hace control, que marca las diferencias y propone mejoras”.
“Celebramos el logro conjunto de establecer un fondo de infraestructura y seguridad “, indicó el legislador.
Además, durante la sesión en la Cámara de Diputados tomaron la palabra los representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Guillermo Kane y Graciela Calderón; y los legisladores Nahuel Sotelo y Guillermo Castelo, de Avanza Libertad, quienes cuestionaron que se avanzara con la aprobación durante la madrugada y argumentaron las razones de su posición negativa.
La iniciativa enviada por el Gobierno de Axel Kicillof supone un déficit primario de $81.000 millones y un déficit financiero de $249.000 millones, e incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera y en moneda local por $168.062 millones.
En el Senado, Marcelo Feliú del Frente de Todos consideró que “el gobernador Axel Kicillof ha ideado un presupuesto y una ley impositiva que está a la altura de esta circunstancias del país”.
“Este proyecto apunta a que no haya obstáculos al crecimiento sostenido y una voluntad política de que el aumento inflacionario no se traduzca en la actualización de la carga tributaria”, señaló y agregó que la “inversión en capital se incrementa por el fondo para los municipios, 45 mil 500 millones para obras municipales y 11 mil millones para seguridad”.
Además, destacó que “se sigue sosteniendo un camino de perfil de deuda que no comprometa a la provincia”.
Según explicó el ministro de Hacienda, Pablo López, en declaraciones recientes a Télam, la propuesta «apuesta a un Estado presente que logre cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes, además de impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa, que fomente el cambio tecnológico y la generación de nuevos puestos de trabajo».
De ese modo, para la producción y empleo se destinarán $14.000 millones; para la promoción social $280.000 millones; para infraestructura $550.000 millones; para salud $162.000 millones; para educación y cultura $1.827 millones; para seguridad $62.000 millones; para perspectiva de género casi $129.000 millones, y para la ambiental casi $ 12.000 millones.
La Ley Impositiva prevé una reducción en términos reales en los impuestos patrimoniales para el 90% de los contribuyentes, al establecer para el 2023 topes inferiores al 60% anual.
En el caso del Impuesto Inmobiliario, tanto Rural como Urbano, tendrán incrementos inferiores al 60%, mientras que para el Impuesto Automotor se estableció un tope del 40%.
A la vez, en Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del incremento del 95% del monto máximo de facturación.
«Con el objetivo de alcanzar una economía con mayor grado de formalidad, acompañando desde el Estado a las y los pequeños contribuyentes, se mantiene el incentivo que brinda la exención por 12 meses para aquellos/as nuevos/as monotributistas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos», se apuntó.
«En lo concerniente al impuesto a los Automotores y/o Embarcaciones Deportivas, dado que se actualizan en base a los valores de mercado, se readecúan las tablas de valuación y alícuotas con el objetivo de producir un descenso en la alícuota media del parque automotor», se indicó en la propuesta.
Respecto del impuesto de Sellos, se plasman las mismas alícuotas que en años anteriores, y en el caso del impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes se propone mantener el grado de tributación legal vigente, actualizando las tablas en la misma magnitud que se actualizaron las bases imponibles.
Durante la tarde, mucho antes que comenzara la sesión, miembros de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) protagonizaron incidentes en las puertas de la Legislatura para reclamar que el Presupuesto que se sancione reforme un artículo de una ley que permite a los intendentes modificar el monto de las asignaciones familiares por debajo de las que otorga la Anses.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara de Diputados se acordó enviar el proyecto a comisión.