Los presos por delitos de drogas aumentaron un 127% en Argentina entre 2002 y 2014, señala un informe

La población en prisión por delitos de drogas en Argentina aumentó un 127 por ciento entre 2002 y 2014, reveló un informe reciente del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una red de especialistas de diez países latinoamericanos que estudia esa temática, que afirmó que «a pesar de ser alarmante, es una de las cifras más bajas de la región».
«Ese porcentaje es superior al aumento de la población en prisión en general (49%) en el mismo período. Así, de pasar a representar el 7.07%» de los encarcelados en 2002 «se llegó al 10.77% en 2014, año en que los presos por esos delitos eran 7.435», precisó el investigador argentino Alejandro Corda, integrante del CEDD y de la ONG Intercambios, que forma parte de ese colectivo regional.
Aunque pareciera que ese porcentaje de aumento es uno de los más importantes de los países comparados en el informe «Castigos irracionales: leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina», que incluyó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, «es sin embargo uno de los más bajos de los estudiados», aseguró Corda.
En América latina, con excepción de Bolivia, la cantidad de apresados por drogas aumentó más rápido que la población carcelaria en general, a un ritmo de entre 8 y 33 veces en los últimos 15 años, con variaciones dependiendo del país.
En Brasil, mientras la población carcelaria se incrementó un 55% entre 2006 y 2014 mientras que el número de presos por delitos de drogas creció un 267%, es decir, a un ritmo cinco veces mayor. En Colombia, entre 2000 y 2015 la población carcelaria creció un 141%, pero la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%.
“Las cárceles se convirtieron en la primera respuesta al tema de las drogas, en vez de abordar la situación desde un punto de vista social, educativo y de salud”, dijo Catalina Pérez Correa, coordinadora del CEDD y co-autora del estudio.
Y continuó: “Los encarcelados no son los grandes traficantes que están atrás de la corrupción y violencia que acecha a nuestros países, sino en su gran mayoría gente pobre con un rol insignificante en el tráfico y consumidores, en muchos casos de sustancias como el cannabis”.
El informe señala además que en México, en 2012, el 62% de las personas internas en centros penitenciarios federales lo estaban por delitos de drogas. De ellas, el 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionando al cannabis y, de esos casos, el 38.5% por posesión.
Con respecto a las otras características de los encarcelados por drogas, en su mayoría se trata de personas con escasa educación, en condición de pobreza o con trabajos de baja remuneración. Asimismo, la cantidad de mujeres que van a prisión por ese delito está aumentando a un ritmo más rápido que la de los hombres y la mayoría son madres solteras.
En ese sentido, un estudio de 2012 en Argentina mostró que el 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas afirmó ser la principal fuente de sustento en su hogar. En el caso de Colombia, entre 2010 y 2014, el 93% de las mujeres apresadas por ese motivo tenían hijos, mientras el 52.8% eran madres solteras.
El estudio también destacó que un importante número de los encarcelados por drogas nunca antes había cometido delitos. Por lo general, ocupan los eslabones más bajos de la cadena de las sustancias ilícitas o son consumidores apresados equivocadamente por microtráfico.
«El encarcelamiento de esas personas no tiene ningún impacto en los mercados de drogas, debido a que son las personas más fácilmente reemplazadas; sin embargo tienden a ser el blanco principal de los esfuerzos de la aplicación de la ley, pues es más fácil perseguirlos a ellos que a los grandes traficantes», denuncia el informe.
“Esta nueva publicación del CEDD muestra que la Argentina siguió los mismos lineamientos de la región en cuanto a su política de drogas, utilizando la respuesta penal como principal herramienta. El resultado es el encarcelamiento de los actores menores del tráfico, que no impactan en los mercados ni en los consumos de estas sustancias”, coincidió Corda en diálogo con esta agencia.
La investigación concluyó que la cárcel debería ser el último recurso: “Hay que repensar el uso del derecho penal y de la cárcel en política de drogas, que debe ser sustituida por un enfoque más amplio, basado en políticas de desarrollo social y salud pública. Se requieren respuestas no sólo más humanas, sino también más efectivas frente a la creciente vinculación de las personas con los mercados ilegales de drogas”, completó Sergio Chaparro, investigador del CEDD y co-autor del informe.