CuerpoLos medios de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) exigieron que se derogue el decreto que eliminó «las medidas antimonopólicas» del sector audiovisual al considerar que no hay «lawfare sin complicidad de los medios concentrados», luego de conocerse la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa Vialidad.
«Desde los medios de la Universidad Nacional de La Plata exigimos se derogue el DNU 267/15 que eliminó las medidas antimonopólicas del sector de la comunicación y liberó el espectro radioeléctrico a los intereses comerciales, en desmedro de la participación de los medios públicos y sin fines de lucro», dijo un comunicado que difundió la Prosecretaría de Medios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que representa a la Editorial, TV y Radio Universidad.
El texto sostuvo que «no hay comunicación democrática sin límites a la concentración y sin participación social en la regulación de las políticas de telecomunicaciones».
En ese sentido, argumentó que «los decretos firmados por Mauricio Macri en diciembre de 2015 mutilaron la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y, también, destituyeron el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual (COFECA), órgano que contaba con la participación de las universidades nacionales con carreras afines en la definición de las políticas del sector».
Explicó que, con la sanción de la llamada Ley de Medios «se instituyó el derecho a la pluralidad de voces y, a partir de su implementación en 2010, se impulsó la readecuación de los grandes monopolios mediáticos a fines de redistribuir la palabra y asegurar un acceso equitativo al espectro radioeléctrico por parte de los sectores privados, públicos y comunitarios»
Recordó que» el límite fijado para esta re adecuación fue el 7 de diciembre de 2012, fecha que las corporaciones mediáticas deliberadamente desconocieron, incumpliendo una ley debatida por organizaciones e instituciones en foros llevados a cabo en todo el país y aprobada en el Congreso de la Nación».
«La LSCA fue aplaudida por organismos internacionales como UNESCO, en tanto comprende a la comunicación como un bien público, indispensable para la democracia.
Sin embargo, en diciembre de 2015, el flamante gobierno de la Alianza Cambiemos -en demostrada connivencia con el Poder Judicial- tuvo entre sus primeros decretos el DNU 267 que anuló los principales artículos de la LSCA», repasó el texto.
Agregó que, ese DNU «impide la diversidad de voces en Argentina, a la vez que favorece la hiperconcentración mediática, la proliferación de noticias falsas y las prácticas de lawfare».
Para los firmantes, el DNU 267 «brinda un caldo de cultivo peligroso para las prácticas antidemocráticas en los ámbitos mediáticos, políticos y judiciales, y así lo demuestra el fallo que emitió la justicia federal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner». «Este juicio viola todas las garantías constitucionales en tanto que no se asienta en ninguna prueba fehaciente, sino que se sostiene en las noticias falsas propagadas y transmitidas al unísono por las corporaciones mediáticas, que hostigan a la vicepresidenta de la Nación con tapas y noticias falsas desde hace más de una década», sostuvo.
La UNLP compartió lo señalado por Fernández de Kirchner en cuanto a que «el neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces».
«En este escenario, a los medios públicos nos caben grandes responsabilidades: Exigir la derogación del DNU 267; denunciar las prácticas de lawfare; abogar por una nueva ley que regule el sistema de medios, que entienda a la comunicación como un derecho y sancione toda práctica nociva para la democracia, como la producción deliberada de noticias falsas y la hiperconcentración mediática», concluyó el comunicado.