Para Amadeo, el proyecto de Cristina sobre cuentas offshore es “una infinita hipocresía»

El diputado nacional Eduardo Amadeo (Cambiemos) calificó hoy como “una infinita hipocresía” el proyecto presentado ayer en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para prohibir que los ciudadanos que tengan cuentas ‘offshore’ sean funcionarios públicos, al considerar que “tener dinero afuera” del país “no es un delito”.
“Tener un ‘offshore’ no es un delito, tener dinero afuera no es un delito si pagás impuestos”, explicó el legislador oficialista en declaraciones a radio Delta, y recordó que la ex presidenta fue denunciada por tener presuntamente una cuenta en las islas Seychelles.
Ayer, la senadora por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos que tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en guaridas fiscales, denominadas offshore, no puedan asumir cargos públicos.
“El proyecto de Cristina me parece una infinita hipocresía porque no solamente ella lo hizo sino que se habla que tenía un famoso offshore en las islas Seychelles”, indicó Amadeo.
Según el diputado, «las personas son libres de administrar su patrimonio siempre que no cometan ningún delito”, y se preguntó: “¿Cuál es el mal ejemplo si hay funcionarios que tienen dinero en el exterior? Cada uno lo administra como quiere”.
“Miles de argentinos han tenido y tienen dólares guardados, ya que no es obligación de nadie vender los dólares“, sostuvo.
En tanto, señaló que ayer en Diputados se discutió por «una ley de unidad financiera que se ocupa de controlar el movimiento del dinero para prevenir lavado dinero y nos mostraron que entre funcionarios kirchneristas hubo corrupción”.
La iniciativa presentada por Fernández de Kirchner también establece que la prohibición tiene un margen de dos años previos a ejercer un cargo en el Estado, exige que el funcionario con cuentas en paraísos fiscales debe presentar su renuncia a los cinco días de conocerse esos fondos, y establece penas de entre uno y seis años de prisión, equiparándolo con el delito de “dádivas” previsto en el Código Penal.
La modificación a la Ley de Ética Pública propuesta es el primer proyecto que presentó Cristina Kirchner desde que asumió como senadora por la minoría por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires.