La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró que la jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón, quien rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro, «no investiga ni busca la verdad».
En un comunicado, el organismo expresó que la magistrada hizo una «arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo».
«Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad», analizó la CPM.
La Comisión expresó que «con las pruebas que existen en la causa Facundo, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte» y resaltó que esa valoración «es compartida por la querella familiar, la CPM -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia».
Remarcaron que «la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad».
Añadieron que «cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas procesales de la normativa nacional obligan a los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas» pero estimaron que «todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón».
«En la arbitrariedad de sus decisiones, (la jueza) llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa y se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero», apuntaron.
Criticaron que se «reste valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo».
«A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación», finalizaron.