Penalizar el acoso virtual y la difusión no consentida de imágenes íntimas, los ejes de un proyecto que apoya Florencia Peña

Penalizar la difusión no consentida de imágenes íntimas por medios tecnológicos, el acoso virtual y el «hackeo» de redes sociales son los ejes de un proyecto de ley, apoyado por la actriz Florencia Peña, que se presentó en el Congreso nacional , y que, a diferencia de otras iniciativas similares, considera estos actos como «delitos de orden público», enmarcados dentro de la violencia de género.
«Nuestra legislación en materia de ciberseguridad y delitos informáticos sólo cuenta con la ley 26388, sancionada en 2008, que resulta insuficiente para abarcar otras conductas de tinte delictivo que se perpetran en el mundo online: deja fuera la protección de los derechos personalísimos de las y los usuarios digitales, sobre todo en lo atinente a las relaciones interpersonales», dijo a Télam la abogada Marina Benítez Demtschenko, autora de la iniciativa.
La profesional creó la Fundación Activismo Feminista Digital a partir de su propia experiencia: «Fui víctima de pornovenganza. Mi ex pareja difundió material intimo en 2012, y desde ese momento soy activista contra la violencia de género online. Quiero concientizar y proponer políticas públicas a favor de la libertad de expresión de las mujeres en el entorno virtual».
«Me parece fundamental el proyecto de Mariana. Tiene mi apoyo. Sigo desamparada, porque quienes irrumpieron en mi intimidad y me expusieron, no van a tener consecuencias», señaló a Télam Peña, quien hace cinco años fue noticia en todos los medios por la divulgación de un video personal donde ella tenía relaciones sexuales con su entonces marido, Mariano Otero.
Para la actriz «el hecho se va a seguir perpetuando, no va a dejar de suceder nunca. Lo primero que aparece en Google cuando pones mi nombre es ese video que es parte de mi intimidad. No se termina, el delito no se termina».
Sobre este caso, la abogada María Eugenia Orbe, secretaría de la Fundación, consideró que «a más de cinco años de explotada la noticia, la misma continúa siendo una marca imborrable para la víctima, pasando a ser parte de su identidad digital. Acá hay un límite entre lo público y lo privado que pareciera ser indiscutible y sin embargo, la difusión del video aún no ha encontrado una adecuada respuesta judicial».
Agregó que «ante este tipo de situaciones, hubo víctimas que han llegado a extremos: se han suicidado, han debido mudarse, han perdido su trabajo e incluso han llegado a padecer cuadros de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, trauma, humillación, fobia social».
La propuesta que ingresó a Diputados el último 13 de julio, impulsa la modificación del Código Penal para la incorporación como delitos de la difusión no consentida de imágenes íntimas con el fin «de castigar la divulgación o puesta a disposición de terceras personas de material visual, audiovisual o datos sensibles sobre preferencias o vida sexual de un tercero mayor de edad, en formato digital y a través de cualquier medio de tratamiento de datos», detalló Benítez Demtschenko.
Aclaró que «la difusión no consentida de material o información intima de una persona es el delito, y no en sí crear ese material, lo que se conoce como «sexting», que consiste en el intercambio consentido entre adultos de material visual, audiovisual o información de corte erótico o sexual, en el ejercicio de la libre sexualidad y libertad de expresión en el ámbito digital».
Asimismo el proyecto propicia que «sea reprimido con prisión de seis meses a tres años quien realizare actos de acecho y/o persecución por cualquier medio de tratamiento de datos contra una persona mayor de edad, haciendo o no uso del anonimato, de modo que comprometa datos sensibles sobre sus preferencias o vida sexual, y/o altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana».
En cuanto al hackeo de redes sociales, la abogada resaltó «la dificultad que ha encontrado la interpretación judicial para condenar el acceso no autorizado por alguien a una cuenta privada en alguna red social, que ha llevado a que incluso se discuta la competencia del fuero ordinario o del fuero federal en estos casos. Esto conlleva una demora del trámite judicial que en materia de delitos informáticos no puede ocurrir por la volatilidad que le es propia a la evidencia digital».
Peña consideró que «parte de nuestra vida cotidiana y moderna hace que convivamos con los delitos en Internet. Pero nosotras no debemos meternos para adentro, el que debe pagar es el delincuente. Por eso necesitamos urgente legislación», dijo la actriz que el próximo 5 de septiembre tiene una nueva instancia conciliatoria en el juicio que sigue a buscadores de Internet y medios de comunicación por la difusión del vídeo íntimo.