Piden la nulidad del juicio contra Secco al considerar que se trata de una maniobra de lawfare

La defensa del intendente de Ensenada, Mario Secco, pidió la nulidad del juicio oral en su contra por su irrupción en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 2017 al considerar que «está acreditado que no cometió ningún delito» y que representa un caso de «lawfare».
«Esto es netamente político, no jurídico. Quieren prescribirme. Es un vuelto a los pensamientos de uno de los soldados más grandes que tiene Cristina Kichner», dijo Secco en declaraciones formuladas a Télam.
En ese marco, el jefe comunal advirtió que «lo que le hacen a Cristina a nivel nacional, me lo hacen a mi en la provincia» y destacó que «inventaron acusaciones que no tienen nada que ver con lo que sucedió porque quieren demostrar el poderío que tienen en la Justicia».
El intendente está acusado de «coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas» por haber ingresado en el recinto de la Legislatura bonaerense durante el cuarto intermedio de una sesión que se realizó el 14 de diciembre de 2017, mientras se discutía la reforma jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia.
Ese día, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados bonaerense, empleados del Bapro marcharon en rechazo a la sanción de la norma que impulsó la gestión de María Eugenia Vidal y que hoy busca derogar el gobernador Axel Kicillof.
Durante la protesta, los manifestantes fueron reprimidos por personal policial, y Secco, que participaba de la marcha, intentó detener aquel ataque.
Al respecto, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Susana González, dijo a esta agencia que aquella tarde «Vidal puso en tratamiento 11 proyectos de ley sin despacho de comisiones, ni discusión: se estaba por modificar el régimen jubilatorio del Bapro y se movilizaron todos los gremios. En ese marco, Secco participó de la marcha».
«Se desató una represión inusitada y los legisladores del peronismo solicitamos un cuarto intermedio para salir a la calle y evitar esa represión», prosiguió y detalló que junto a los dirigentes Miguel Funes, Florencia Saintout, Lauro Grande, Walter Abarca, Carlos «Cuto» Moreno, Juan Debandi y Guillermo Kane (del FIT) pidieron a los efectivos policiales «que paren los ataques».
Sostuvo que, luego, esos legisladores le requirieron a Secco y a un grupo de trabajadores municipales que ingresen al recinto, donde éste se paró en el estrado y «exhibió ante los diputados presentes los cartuchos de balas de goma y gases lacrimógenos que habían sido disparados contra los manifestantes».
En ese sentido, Secco describió que fue invitado a la marcha por las organizaciones obreras y recordó que en la plaza San Martín, entre la gobernación y la Legislatura, «empezaron a tirar balazos e hirieron a muchos compañeros de manera cobarde».
Contó que «después, un grupo de diputados salió y me invitó a entrar al recinto a denunciar la balacera, por lo que ingresé con ellos, se ve en las imágenes periodísticas» y añadió que «los medios hegemónicos dijeron que llevé piedras, cosa que es mentira porque lo que mostré fueron las vainas con que llenaron de tiros a los trabajadores».
La defensa de Secco cuestiona que una vez que el intendente abandonó el edificio de la Legislatura, arribó al recinto el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta «intentando actuar de oficio ante un hecho de flagrancia».
«No había transmisión de la sesión en directo, con lo cual alguien lo llamó para que inicie un proceso judicial, porque es un hombre del procurador Julio Conte Grand, que es de Cambiemos. Pidieron armar una causa para meterme preso», remarcó el mandamás de Ensenada.
«Cuando se retomó la sesión, cuestioné su presencia -ya que no había manera de que él estuviera al tanto de lo que ocurría porque no había transmisión- y su competencia, ya que no tenía precepción del hecho. Además, la fiscal en turno era Leila Aguilar», describió.
Indicó que «posteriormente, el fiscal general Héctor Vogliolio dispuso que la instrucción de la causa quedase a cargo de Condomí Alcorta y Marcelo Romero», expuso que «entonces, comenzó una avanzada mediática en donde se decía que Secco tiró piedras en el recinto e ingresó a la Cámara con una patota».
Rememoró que el fiscal Romero fue apartado del expediente cuando estaba a punto de pedir la detención del jefe comunal, en diciembre de aquel año, y la causa quedó en manos de la fiscal Ana Medina, quien solicitó la elevación a juicio que fue avalada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata.
«La fiscal Ana Medina pudo acreditar que no se interrumpió la labor legislativa porque no había sesión. Secco declaró, acompañamos la copia taquigráfica de la sesión donde consta que no se interrumpió sesión, citaron a dos diputados de la oposición y declararon que no se sintieron intimidados, amenazados, ni tuvieron temor», aseguró González.
Subrayó que, de hecho, «hablan de coacciona para demostrar que él amenazó para que no se votaran las leyes, pero las normas se votaron en 5 minutos».
«No obstante, la fiscal elevó la causa a juicio oral. La causa se paró por un año hasta que hace un mes la reactivaron, en el marco de una denuncia penal que hice contra la administración del Astillero Río Santiago (ARS) en la época de Vidal y el procurador Julio Conte Grand por malversación de fondos y lavado de activos», remarcó González.
Esa denuncia fue radicada ante el juez federal Alejo Ramos Padilla contra el exinterventor del ARS, Daniel Capdevilla durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por «malversación de fondos y lavado de activos» por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.
«El 12 amplié esa denuncia y el 15 designan a Romero como fiscal de juicio sin fundamentación alguna. Creemos que es porque lo quiso meter preso y quien se prestará al show de pedir la prisión e inhabilitaron», explicó.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de La Plata fijará fecha este mes para el juicio oral y público de Secco, para el que fue designado el fiscal de instrucción, Marcelo Romero, como responsable acusatorio en el juicio oral.
La acusación que enfrenta el intendente establece penas de 5 a 10 años de prisión y la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer la función pública.
Para González «no hay dudas de que es un caso de lawfare: no cometió los delitos que dicen que cometió y tuvo 6 cambios de fiscales sin justificación alguna. Lo persiguen por haber sido uno de los pocos que enfrentó a Vidal. Quieren disciplinar al resto».
«Por eso presentamos una recusación contra el cambio de fiscal y pedimos la nulidad de la causa», cerró.
En igual tono, Secco manifestó que «la causa la armaron Conte Grand, Mauricio Macri y Vidal. No les alcanza con elevarla a juicio, sino que tomaron la decisión de poner a Romero, un jugador de Cambiemos, como fiscal», denunció.
Analizó que «es una barbaridad» y recalcó que los criminalistas más prestigiosos le aseguran que no existen antecedentes en territorio bonaerense «de que se eleve a juicio oral una causa armada y netamente política».
«La última elección la gané con el 72% votos y hoy tengo 94% de imagen positiva en Ensenada, lo que se traduce en 70 puntos para una elección. Quieren mandar un mensaje al resto de los dirigentes del FdT de lo que son capaces de hacer. Es el partido judicial funcionado a pleno», agregó el jefe comunal.
La semana pasada, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respaldó a Secco y consideró que se trata de una «persecución» por las posiciones políticas que tuvo durante el macrismo.
«Estamos en épocas de lawfare, de persecución judicial y jueces que dan vergüenza. Al compañero Mario Secco le están tratando de aplicar esa medicina, ese correctivo», planteó el mandatario provincial.
De igual modo, en las legislaturas provinciales y en el Concejo Deliberante de Ensenada se votaron proyectos de respaldo al jefe comunal y repudio a lo que el FdT considera «un claro caso de lawfare».