Trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul de Azul (Fanazul) buscarán ser atendidos esta semana por la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien le pedirán que intervenga en el conflicto por el cierre de la planta que dejó a 220 personas desempleadas. Consideran que una solución podría ser la provincialización de la fábrica.
«La gobernadora debe intervenir porque quienes pierden el empleo son bonaerenses y la fábrica está en la provincia de Buenos Aires», afirmó el Secretario General de ATE provincial y de la CTA Autónoma, Oscar «Colo» De Isasi.
Los trabajadores le enviarán un escrito a Vidal y realizarán una conferencia de prensa frente a la Gobernación, en donde solicitarán tener una audiencia con la mandataria.
Allí propondán la provincialización de la planta, tomando como antecedente el caso del Astillero Naval Río Santiago y del Hospital Naval, ambos ubicados en el distrito de Ensenada.
«Si no es en manos del Estado nacional que siga produciendo en manos del Estado provincial. No hay razón para que sea una planta deficitaria», agregó De Isasi.
Entre otras cuestiones, los trabajadores, amparados en un informe de la Armada Argentina, advierten que Fanazul está en condiciones de desactivar material bélico obsoleto, algo que aseguraría su funcionamiento al menos por tres años más. «Está en un lugar alejado y hay mano de obra calificada», explicó el gremialista.
De Isasi señaló que la fábrica se encuentra cerca de Cerro Largo (Olavarría), uno de los lugares «con mayor concentración de dolomita, una piedra necesaria para la construcción». «Una de las principales misiones de Fabricaciones Militares es la producción de explosivos para la minería. La gobernadora en campaña hizo hincapié sobre la obra pública. Es una contradicción su cierre», agregó.
Expuso que Fanazul es la fábrica de explosivos más cercana a los emprendimientos mineros del sur del país y que proveerlos de material «le daría fondos a la provincia de Buenos Aires».
La planta ubicada en Azul pertenece a Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa nacional. Esa cartera decretó la semana pasada el cierre definitivo de la fábrica.
El Gobierno manejaría como opción la jubilación de más de 30 personas y la reubicación de otros 60 en dos frigoríficos, uno de los cuales podría llegar a sumar nuevos trabajadores después de marzo.