El juzgado de garantías Número 2 de Junín rechazó hoy excarcelar al ex intendente de la ciudad bonaerense de Lincoln, Jorge Fernández, detenido por presunta comisión de 40 hechos de corrupción.
Así lo informaron fuentes judiciales y precisaron que el fiscal Javier Ochoaizpuro, cuenta ahora con un plazo de 15 días, con posibilidad de prorrogarse por 15 más, para solicitar la prisión preventiva.
Fernández, ex jefe comunal por el Frente para la Victoria, fue detenido la semana pasada junto a cuatro ex funcionarios de su administración por la presunta comisión de hechos de corrupción.
Se trata del dirigente kirchnerista que condujo esa comuna entre 2003 y 2015. Está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en 39 hechos.
La detención se produjo en el marco de una causa abierta a partir de una denuncia realizada en el 2016 por el actual jefe comunal de esa ciudad, el radical Salvador Serenal, de Cambiemos.
Actualmente, se encuentra detenido en una dependencia policial de General Pinto y tras ser detenido, se negó a declarar.
Anteayer, el kirchernismo de Lincoln se refirió a través de un comunicado a la detención de Fernández e hizo mención a un Poder Judicial utilizado con el «objetivo de conseguir un rédito político».
En el escrito emitido por PJ-Unidad Ciudadana, se advirtió que los hechos «han sacudido a la sociedad linqueña», por lo que no creen «que sea ético ni republicano opinar previamente, sin conocer la verdad, a la que sólo se arriba en estos hechos luego de un juicio justo, fundado en razón y con sentencia firme; lo que aún, no ha tenido lugar».
«Tampoco resulta republicano utilizar al Poder Judicial como ariete de castigo, ni crear falsas expectativas justicieras, con el sólo objetivo de conseguir un rédito político con esta situación», manifestaron en el comunicado.
Consideraron desde el kirchnerismo que un sector de la Justicia es «proclive a favorecer los intereses del partido gobernante de turno, no respetando el debido proceso y trabajando en función de deseos políticos».
«Nos solidarizamos con las personas afectadas y en consecuencia con sus familiares y allegados», finalizaron.