La Cámara de Diputados bonaerense sancionó hoy la ley que declara de interés público a las asociaciones civiles de primer grado y les otorga beneficios impositivos y exenciones de tarifas mientras subsista la pandemia del coronavirus.
La iniciativa, que debió ser tratada hoy de nuevo en Diputados debido a que en el Senado se le realizaron modificaciones, declara de «interés público provincial tanto a las asociaciones civiles de bajos recursos y a las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y mutuales de comunidades migrantes», entre otras entidades.
La norma establece que las asociaciones y mutuales abarcadas «podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto mientras dure la emergencia sanitaria».
También, contempla una prórroga de los plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condona deudas documentales; propone asesoramiento técnico gratuito; plantea la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.
La norma fija que «una vez concluida la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo podrá prorrogar el beneficio de tarifa cero de servicios públicos para las aociaciones civiles».
Además, se facultó al Poder Ejecutivo a crear un fondo extraordinario de emergencia para el otorgamiento de subsidios y que sean destinados «a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos y para solventar gastos» y que éstos puedan tramitarse en los municipios.
El autor de la iniciativa, el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, aseguró que la ley “tiene por objetivo facilitar una protección mayor del Estado a asociaciones como centros de jubilados, clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento, entre otras, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires».
«Estas asociaciones se han convertido en intermediarias imprescindibles para el acceso a muchos derechos y la mitigación de todo tipo de necesidades sociales», graficó.
En su exposición en el recinto, el legislador aseguró que el Estado “tiene un déficit histórico con este tipo de instituciones” y recalcó que para la elaboración del proyecto “se mantuvieron encuentros virtuales con más de 6000 instituciones”.
“Empezamos a reparar de a poco el tarifazo que sufrieron estas instituciones durante la gestión de María Eugenia Vidal” como gobernadora, concluyó.