Scioli declara ante el fiscal Garganta en la causa iniciada por una denuncia de Carrió

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tiene previsto presentarse hoy, a las 10, en los tribunales de La Plata, para prestar declaración «informativa» ante el fiscal penal Álvaro Garganta en la causa abierta por supuesto “lavado de activos”, entre otros delitos, y por el que fue denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió.
Según confirmaron fuentes judiciales, Garganta convocó al ex mandatario provincial a prestar «declaración informativa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.
A principios de febrero, la defensa de Scioli había hecho una presentación judicial explicando el funcionamiento de la Administración Pública bonaerense y afirmando que no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados, y donde exigía al fiscal que presentase las presuntas pruebas en su contra.
La causa se inició a partir de una denuncia que radicó la diputada nacional Elisa Carrió, por la que están siendo investigados el ex jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y el ex subsecretario Administrativo de esa dependencia, Walter Carbone.
Para la diputada, el ex gobernador bonaerense «habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial».
Entre ellos, citó la empresa estatal de aguas y cloacas Absa, y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, y «la presunta ‘contratación fraudulenta de personal’ en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de estafas y sobreprecios en la obra social IOMA».
Según la fiscalía, “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
Esta maniobra, consignó la resolución, “pudo concretarse por la participación necesaria de la directora general de Administración del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, quien emitió las órdenes de pago en efectivo y luego aprobó las rendiciones efectuadas por los funcionarios con las facturas apócrifas para que el gasto se impute como presupuestario”.