Sin Cristina Kirchner en la sala se inició tercera audiencia del juicio por obra pública

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y los demás acusados por supuesta asociación ilícita y otros delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz se reanudó hoy sin la presencia de la senadora en la sala de audiencias.
Se trata de la tercera audiencia del debate ante el Tribunal Oral Federal 2, que notificó al abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, que tiene 48 horas para presentar un escrito «firmado por la imputada que de cuenta de haberse informado de cuanto ocurra» en la audiencia.
Beraldi se sentó solo en la última fila de la sala AMIA del subusuelo de los tribunales federales de Retiro, donde en las dos primeras audiencias estuvo acompañado por Cristina Kirchner.
La senadora presentó un escrito el viernes último en el que dio cuenta de un compromiso en el Senado Nacional previsto para las 10.30 y por ello notificó que no concurriría a la audiencia en los tribunales de Comodoro Py 2002.
El Tribunal la había autorizado a faltar en caso de que el juicio se superpusiera con su labor parlamentaria.
El presidente del Tribunal, Jorge Gorini, informó al abogado al inicio de la audiencia de su obligación de presentar el escrito firmado por la senadora.
En la sala de audiencia estaban presentes los demás acusados, entre ellos los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.
La tercera jornada del debate continuaba con la lectura del dictamen de acusación de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu juzgan a la ex presidenta como presunta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos en el manejo de la obra pública en Santa Cruz, entre ellos el direccionamiento de las adjudicaciones a favor de empresas de Báez.
Todos los acusados son juzgados por los presuntos delitos de «asociación ilícita y defraudación a la administración pública».