Sólo un 3 por ciento de los detenidos en territorio bonaerense es extranjero

Sólo el 3% de los detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires no son de nacionalidad argentina y ese indicador se reduce al 1% en lo que refiere al fuero penal juvenil bonaerense, informó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.
Calificó como «absolutamente regresivas» las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada y selectiva clasifica a los migrantes en dos grupos: los «buenos», que pueden regularizarse, y los «malos», a quienes les corresponde la expulsión.
Martello destacó que la políticas migratorias, inspiradas en la xenofobia, podrían derivar en una «situación de discriminación institucional», violando lo que el propio Estado argentino se comprometió a cumplir cuando adhirió, junto a 160 naciones, al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Explicó que ese pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos y, entre esas metas, establece que se debe usar la detención de migrantes «sólo como última opción».
«Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos/nas de otros países», afirmó Martello.
Graficó que en algunos Departamentos Judiciales, según el último relevamiento realizado por la Procuración bonaerense, «como Trenque Lauquen y Necochea, el 100% de los presos son de nacionalidad argentina».
Por otra parte, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del fuero penal juvenil (16 y 17 años de edad) aparece que prácticamente no hay jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia.
Ello sucede, según se desprende de los datos del Registro de los Procesos del Niño del año 2017, en los departamentos judiciales de Junín, Mar del Plata, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquén.
Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, remarcó que «en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo, que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tienen la documentación en regla».
Consideró que «se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes».