A más de 80 días de la última convocatoria a paritarias por parte del Ejecutivo bonaerense y en medio de una amenaza de un paro de 72 horas tras las vacaciones de invierno, la Justicia ordenó al Gobierno a convocar de urgencia a los gremios.
Así quedó establecido a través de una medida cautelar dictada por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, que integran los jueces Mauricio Bordino, Stella Maris Marcasciano y Víctor Hugo Guida, y surge a partir de un pedido de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
Los jueces resolvieron «ordenar al Ministerio de Trabajo provincial a que dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente resolución, proceda a la reapertura de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados docentes para el año en curso y convoque a las partes». Y dejaron claro de que «en caso de incumplimiento» se aplicarán «sanciones conminatorias».
Fuentes oficiales le señalaron que «seguro se convocará en los próximos días para agosto». Desde el Gobierno entienden que la medida judicial exige que se realice el llamado en el marco de los cinco días siguientes, aunque el encuentro entre las partes puede ser pautado para más adelante.
En la resolución, los jueces incluyeron un duro análisis sobre el contexto económico y el último llamado a paritaria, hace más de 80 días. «El país se encuentra sumido en una situación de crisis económica cuyas consecuencias han de repercutir necesariamente -entre otros aspectos- en los salarios de los trabajadores», observaron. Y dejaron constancia de que «la última reunión paritaria se llevó a cabo el 20 de abril del corriente año lo cual, en el actual contexto económico, torna necesario mantener activas las negociaciones paritarias con las asociaciones profesionales peticionantes».
En esa reunión, la Provincia ofreció un aumento del 10% para el primer semestre del año (un 5% retroactivo a enero, un 3% más en abril y 2% en junio), mientras que mantuvo el esquema de bonificación por presentismo. Los docentes exigirían ahora un aumento que supere el 25% anual e insistirían con la inclusión de la cláusula gatillo en la oferta