Unas 30.000 de las 40.000 toneladas de RSU -residuos generados en domicilios, comercios y oficinas que no tienen calificación de peligrosos- generadas diariamente en el país son vertidas a los rellenos sanitarios o llegan a los ríos y el mar, mientras que unas 10.000 son recuperadas por cartoneros.
Se estima que más del 21 por ciento de estas 40.000 toneladas que se producen diariamente son envases, pero no han prosperado ninguno de los proyectos presentados en el Congreso Nacional para aprobar una ley que regule su generación y disposición final.
Los datos surgen del proyecto de ley presentado por la diputada Alcira Argumedo en septiembre pasado para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases, que hasta ahora no fue evaluado por las comisiones pertinentes.
Por la ausencia de una ley de envases en Argentina, las tasas de reciclaje de plástico son muy bajas comparadas con las de otros países.
En Alemania, donde rige una ley de «sistema de retorno» desde octubre de 2003, se alcanzó una tasa de reciclaje de envases del 98,5%; mientras que Dinamarca, que implementa una norma similar desde 1991, registra índices de reciclaje del 99,5% para botellas de cerveza y gaseosas y 99.5 para PET reutilizable.
En Argentina, mientras tanto, las tasas de reciclaje post-consumo de plástico, son del 24%, según la Cámara Argentina de Industrias Plásticas (CAIP). El ministerio de Ambiente de la Nación no cuenta con estadísticas al respecto.
«Nos interesa que se trate una ley porque una gran cantidad envases saldrían de circulación, el fabricante se haría cargo de procesarlos una vez consumido su contenido y de que vuelvan a la cadena de producción», comentó Diego Albareda, del departamento de Conservación del Ecoparque de Buenos Aires.
Desde 2005, el equipo de conservación del Ecoparque rehabilita y estudia tortugas marinas provenientes de varamientos o captura incidental en las costas bonaerenses, y encontró restos de plástico en 97 de cada 100 animales.
«El plástico obstruye el aparato digestivo de las tortugas, que se llena de aire, esto les genera trastornos de flotación, por lo que no pueden bucear ni para alimentarse ni para migrar; además, puede dañar la mucosa intestinal, que contrarresta la entrada de gérmenes, por lo que son más propensos a contraer infecciones», explicó Albareda.
Con la acción del agua, las altas temperaturas del verano y los rayos ultravioleta las botellas se fragmentan en partículas de menos de cinco milímetros que pueden ser ingeridas; estos fragmentos y otros residuos tienden a acumularse donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, es decir en la desembocadura del Río de la Plata y la Bahía de Samborombón, una de las principales zonas de alimentación en el Atlántico Sur de algunas especies de tortugas marinas.
«A lo largo de las cuencas de la Área Metropolitana de Buenos Aires (Reconquista, Luján y Matanza-Riachuelo) reside el 35 por ciento de la población argentina, y es una zona donde hay muchos asentamientos y basurales a cielo abierto, esos residuos bajan por el Río de la Plata», continuó el veterinario.
En 2011, la Universidad de Mar del Plata estudió la ingesta de residuos plásticos en el delfín franciscana, una especie presente en el estuario del Río de la Plata y las costas del Océano Atlántico sudamericano; el 38 por ciento de los animales analizados tenían restos de ese material en su estómago.
En septiembre último, la diputada nacional Alcira Argumedo, junto con la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores -que agrupa unas 70 cooperativas- y otros legisladores, presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases.
El proyecto establece un presupuesto mínimo para la gestión de envases «a fin de prevenir y reducir su impacto ambiental disminuyendo la cantidad que se insertan en el mercado, minimizando su disposición final en rellenos sanitarios y priorizando la reutilización y el reciclado».
La iniciativa no fue evaluada por ninguna de las tres comisiones parlamentarias que deben aprobarlo (ambiente, asuntos cooperativos y presupuesto) para su posterior debate en Diputados, señaló la diputada en diálogo con Télam.
Desde CAIP le dijeron a Télam que acompañarían la implementación de un «Sistema Integrado de Gestión» público-privado que se financie «mediante el aporte de los envasadores».
Según la propuesta de CAIP, los envasadores pagarían un monto por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado, y en función de los diferentes tipos de envases y materiales que los componen, cuanto más fácilmente reciclable sea el envase, la suma sería menor.
Además del proyecto de Argumedo, existen en la Cámara de Diputados otros dos, uno presentado por la diputada, María Emilia Soria (FpV Río Negro), y un tercero elaborado por Guillermo Snopek (PJ Jujuy).